Swiderski, “La archivología nacional…” Revista de estudios literarios latinoamericanos
Número 14 / Julio 2023 / pp. 4-29 4 ISSN 2422-5932
LA ARCHIVOLOGÍA
NACIONAL Y LOS MODELOS
EXPLICATIVOS DE LA DISCIPLINA
NATIONAL ARCHIVOLOGY AND
EXPLANATORY MODELS OF THE DISCIPLINE.
Graciela Swiderski
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
Doctora en Historia (UBA). Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales (UBA). Magíster en
Ciencia Política (UNSAM). Diploma de Estudios Avanzados en Política y Economía (UNSAM). Archivista
(Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos del Ministerio de Cultura de España). Especialista en Dirección y Gestión de Unidades de
Información Documental del Sector Público Nacional (Instituto Nacional de la Administración Pública). Ex
funcionaria del Archivo General de la Nación. Docente de grado y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Autora de publicaciones sobre patrimonio, archivos, historia de la
inmigración e historia económica.
Contacto: gswiderski@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6768-412X
DOI: https://zenodo.org/record/8212596
DOSSIER
Archivos latinoamericanos
Swiderski, “La archivología nacional…” Revista de estudios literarios latinoamericanos
Número 14 / Julio 2023 / pp. 4-29 5 ISSN 2422-5932
Fecha de envío: 01/06/23 Fecha de aceptación: 05/07/23
Historia de los archivos argentinos
Archivo General de la Nación
Archivos provinciales
Enseñanza archivística
Modelos disciplinares
Funciones de los archivos
En el contexto de los estudios actuales de epistemología e historia del conocimiento científico y dada
la ausencia de una obra general sobre el pasado de la Archivología argentina, este artículo expone
algunos temas relevantes para comprender el cambio de paradigma y propone una periodización que
contribuya a sistematizar esta tarea pendiente y muy ambiciosa, ya que la tradición archivística
nacional se inició hace doscientos años con la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos
Aires. Partiendo de datos empíricos obtenidos de fuentes originales, publicaciones periódicas y
bibliografía especializada, que fueron reunidos durante más de una década de investigación, se
extrajeron conclusiones, si bien generales, que incluyen tanto los distintos modelos explicativos por los
que transitó la disciplina, como la evolución de las entidades que custodian fondos de archivo y los
cambios en la enseñanza académica.
RESUMEN
PALABRAS CLAVE
History of Argentinean
archives
Archivo General de la Nación
Provincial archives
Archival education
Disciplinary models
Functions of archives
In the context of current studies of epistemology and history of scientific knowledge and given the
absence of a general history of archival science in Argentina, this article presents some relevant
issues to understand the paradigm shift and proposes a periodisation that will help to systematise
this pending and very ambitious task, since the national archival tradition began two hundred years
ago with the creation of the Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Based on empirical
data obtained from original sources, periodicals and specialised bibliography, which were gathered
during more than a decade of research, conclusions were drawn, albeit general ones, which include
the different explanatory models through which the discipline has passed, the evolution of the entities
that hold archival collections and the changes in academic teaching.
ABSTRACT
KEYWORDS
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Número 14 / Julio 2023 / pp. 4-29 6 ISSN 2422-5932
Introducción
Escribir una historia aceptablemente completa de la Archivología
nacional significa asumir múltiples desafíos derivados de la amplitud
temporal y espacial pero, también, de la enorme variedad de temas y
problemas, por lo que este artículo tendrá un carácter introductorio.
Solo pretende sugerir algunos lineamientos de trabajo y una
periodización, que contemplando los cambios paradigmáticos de la
disciplina, contribuya a sistematizar futuros estudios.
Argentina presenta al menos dos singularidades, aunque es cierto
que compartidas con otros países de la región, particularmente con
México y Brasil. Primero, su historia archivística se inició hace más de
doscientos años con la creación en 1821 del que sería el primer archivo
público de su tipo en América latina, el Archivo de la Provincia de
Buenos Aires. Inclusive, unas pocas políticas archivísticas ya venían
siendo implementadas por la Corona española, por algunos
gobernadores y virreyes, y por el diligente titular de la Secretaría de
Cámara del Virreinato, el futuro virrey Rafael de Sobremonte. El
archivo provincial, federalizado en 1884, no obstante el flagelo de las
guerras civiles, las turbulencias políticas y la inestabilidad burocrática,
tuvo una continuidad ininterrumpida. Segundo, su régimen político
federal. A la clasificación entre archivos públicos y privados,
incluyendo los de la sociedad civil, y aquellos pertenecientes a cada uno
de los tres poderes del Estado, se debe añadir que a nivel subnacional
las provincias disponen de su propio archivo general. Más allá de los
repositorios de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de las veintitrés
provincias (catorce de ellas, las que originalmente concurrieron a
formar la Nación, y las restantes constituidas a partir de la
provincialización de antiguos territorios nacionales), dentro de esas
jurisdicciones funcionan depósitos documentales en el ámbito
municipal. Sin duda, estas perspectivas de análisis no se pueden
descuidar, así como tampoco el hecho de que no existe un sistema
nacional de archivos instituido por ley, salvo la concertación de un
Sistema Nacional de Documentación Histórica (SNDH), gracias a una
iniciativa conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (MINCYT) y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICyT), y la creación del Consejo Federal de Archivos
Estatales (COFAE).
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Algunos de los temas de este artículo fueron extraídos de tres
libros anteriores donde se investigaron las alternativas por las que
atravesó el proceso de formación del patrimonio documental en la
Argentina desde sus inicios en 1821; la contribución del principal
archivo público del país a la construcción de la Nación como entidad
histórica; y el uso de los documentos en la primera historiografía
nacional (Swiderski, 2015 y 2019; Swiderski y Araujo 2020). Estas obras
fueron el resultado de más de una década de indagación en el
repositorio institucional del Archivo General de la Nación y en otros
archivos del sector público nacional. Para el estudio de la Escuela de
Archiveros y Bibliotecarios de la Facultad de Filosofía y Letras se apeló
a los materiales reunidos para una ponencia presentada en esa casa de
estudios en ocasión de su centésimo vigésimo aniversario. También se
consultó bibliografía y las publicaciones periódicas editadas en el
pasado por el Archivo General de la Nación, la Escuela de Archiveros
de Córdoba y el Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos.
Esto datos empíricos permitieron arribar a conclusiones generales e
identificar cuatro etapas en el desarrollo de la Archivología argentina,
en las cuales convergieron las expectativas y aspiraciones de las
entidades que conservan fondos documentales, la enseñanza de la
disciplina y la bibliografía académica.
1. Primera y segunda etapa: Los archivos al servicio del
liberalismo político y de la construcción nacional
1.1. El Archivo General de la Nación. Del modelo del “buen
gobierno” al giro historicista (1821-1960)
Durante los primeros ciento cincuenta años del Archivo General de la
Provincia de Buenos Aires, incluyendo buena parte del período en el
cual se transformó en un organismo nacional por decreto del 29 de
agosto de 1884, se pueden distinguir con bastante claridad dos etapas.
En principio, la comprendida desde la fundación en 1821 hasta unos
años antes de su federalización, caracterizada por la posición dominante
de sus funciones administrativas. En la siguiente, que se extiende
durante las ocho décadas que van desde 1880 hasta aproximadamente
1960, la repartición fue reconocida por la Generación del Ochenta y,
más tarde, por la Nueva Escuela Histórica, como lugar de la memoria, a
la vez que como repositorio de los insumos imprescindibles para
escribir la versión oficializada de la historia nacional.
Fundado por Bernardino Rivadavia en 1821, bajo la jurisdicción
de la provincia de Buenos Aires, en ese momento gobernada por
Martín Rodríguez, el Archivo fue inicialmente pensado como un medio
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para asegurar “el buen gobierno” y garantizar la publicidad de sus actos,
de acuerdo a los principios teóricos del utilitarismo benthamita, una
filosofía que se había propagado en las ex colonias españolas después
de la Revolución. Paralelamente, Rivadavia defendió el carácter público
de los documentos y planteó la necesidad de regular el procedimiento
administrativo para conferirle racionalidad al Estado provincial que su
generación luchaba por construir. Aunque convocó a los mejores para
hacerse cargo del nuevo establecimiento, reclutando a los funcionarios
entre los archiveros de mayor experiencia de la Real Hacienda, tanto los
objetivos fundacionales como el método de clasificación adoptado, que
respondía a los principios de procedencia y orden natural, no tardaron
en verse frustrados por los defectos en la implementación de las
políticas archivísticas.
1
La asfixia presupuestaria y la discontinuidad
institucional en un país atormentado por las guerras civiles desviaron el
proyecto original. Con un precario inmueble en la Manzana de las
Luces, insuficiente y planificado para otros usos, sin equipamiento
acorde con sus funciones y con un número reducido de empleados, los
traslados documentales eran interrumpidos con frecuencia o se
emprendían en completa “confusión y desorden”.
2
Por lo general, los
documentos procedentes de distintos organismos productores
ingresaban mezclados, con inventarios poco detallados o directamente
sin ellos. A estos inconvenientes se sumó el drenaje de documentos
hacia otras reparticiones del Estado o la sustracción por parte de
particulares, todos factores que propiciaron una sostenida disgregación
documental.
Tras el largo paréntesis del régimen de Juan Manuel de Rosas
(1829-1832/ 1835-1852), con posterioridad a la batalla de Caseros se
retomó la idea liberal de la publicidad de los actos de gobierno,
asociada a la rendición de cuentas de los funcionarios. Empero, hacia el
final del período en el que el Archivo estuvo gestionado por la
provincia de Buenos Aires y coincidiendo con los inicios de la consulta
historiográfica, que desplazó en forma gradual al servicio
predominantemente administrativo, se introdujo la perniciosa
clasificación temática y se alteraron los principios de procedencia y
orden original. El principal repositorio del país también sufrió las
consecuencias de la constitución tardía de un aparato institucional a
1
El decreto fundacional ordenaba separar la documentación por ramos y por épocas. Los ramos, que
habían sido estipulados por laReal Ordenanza para el establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y
provincia en el Virreinato de Buenos Aires de 1782, eran hacienda, justicia, policía y guerra.
2
Fondo Archivo General de la Nación, en adelante AGN. Leg. 6.
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nivel federal producto, a su vez, del clima de guerra e inestabilidad
política. En este escenario, se diluyó el paradigma del buen gobierno.
A partir de 1860, bajo la dirección del colonialista y paleógrafo
Manuel Ricardo Trelles y, en especial, después de la federalización, el
organismo se fue definiendo cada vez más por su finalidad histórica.
Tras la descomposición del Virreinato de Río de la Plata y una vez
clausurado el capítulo más aciago de las guerras civiles, la Argentina
debió atender dos cuestiones urgentes. Por un lado, circunscribir el
territorio sobre el que iba a ejercer su soberanía y, por el otro,
proporcionarle a su población una historia, una tradición y una cultura
comunes y colectivamente aceptadas. La necesidad de seleccionar los
elementos definitorios de una identidad propia y la profesionalización de
la Historia reafirmaron el giro historicista. Atrás quedaba el acertado
modelo del “buen gobierno” propuesto por Rivadavia. El Archivo
General de la Nación se convirtió en lugar de la memoria y marchó a la
zaga del proyecto historiográfico oficial. No es para nada casual que en el
nuevo derrotero institucional aparezcan reiteradamente las figuras de los
ex presidentes Bartolomé Mitre (1862-1868), uno de los ideólogos de la
justificación histórica de la Nación, y Julio Argentino Roca (1880-
1886/1898-1904), quien desempeñó un papel protagónico en el armado
burocrático del Estado. Esta decisión política fue seguida por el
incremento de las partidas presupuestarias, la ampliación de la estructura
orgánica, la mejora relativa del edificio y del mobiliario, la corrección de
algunos de los factores de dispersión y fragmentación documental y,
finalmente, su consolidación –en palabras del director José Juan Biedma
(1904-1921)– “como único depósito definitivo de los papeles del
Estado” (AGN, Memoria de 1899). No obstante, mientras más se insistía
en la primacía de la pieza individual y en el valor histórico-patrimonial de
los documentos, que el discurso oficial equiparaba con los restos
arqueológicos y con los monumentos inertes del pasado, el Archivo más
se alejaba de los circuitos naturales de alimentación de su acervo,
quedando condenado a posicionarse como un sitio periférico de la
administración. El espacio físico limitado, la resistencia de algunos
organismos públicos a desprenderse de su documentación, y la falta de
claridad para definir qué documentos merecían formar parte del
patrimonio, trajeron aparejada la conservación parcial de muchos
fondos, de los que apenas se pudieron rescatar series truncas y piezas
sueltas. Las orientaciones de la historia oficial y la elección de hechos
premeditados del pasado hicieron el resto, impulsando la
patrimonialización de determinados documentos en perjuicio de otros y
direccionando la producción historiográfica. El crecimiento de la
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consulta histórica exacerbó la clasificación temática, que fue confirmada
reglamentariamente y que se suponía más funcional a la investigación
académica. Así se alteró, en algunos casos irreversiblemente, la estructura
de los fondos ingresados en la primera época, con la consiguiente
pérdida del contenido informativo y contextual. Incluso, muchas piezas
terminaron abasteciendo las redes privadas de coleccionismo, ya sea
porque había salido del ámbito público o porque nunca había ingresado
en él. Pero hay que reconocer, que aunque alejados de la teoría
archivística, los directores de esta segunda etapa fueron quienes por
primera vez advirtieron que la formación del Patrimonio Documental de
la Nación se estaba realizando mediante la penosa recolección de
fragmentos rotos y disgregados, y que un volumen considerable de
documentos se les estaban escurriendo de las manos sin que pudieran
hacer nada para evitarlo.
Finalmente, sobre el cierre de este período, la Argentina daba otro
paso adelante en materia de formulación de una política archivística, al
reconocer el valor para la investigación histórica de los documentos no
textuales, es decir fotográficos, sonoros y fílmicos. En 1939, se creó el
Archivo Gráfico de la Nación por el decreto N° 52.436, firmado por el
presidente Ortiz y su ministro de instrucción pública Jorge Eduardo
Coll. Funcionó sucesivamente en dos locales propios hasta 1957,
cuando fue absorbido por el archivo nacional.
1.2. La creación de archivos en las provincias
A diferencia del Archivo General de la Nación, cuya fundación
respondió a la reorganización administrativa de la provincia de Buenos
Aires y a las exigencias del proyecto liberal introducido por Rivadavia,
los archivos provinciales, quizás con la única excepción del de la
provincia de Corrientes, aparecieron entre la segunda mitad del siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX, y algunos con posterioridad. En
consecuencia, su principal objetivo fue garantizar la accesibilidad de los
documentos para la investigación historiográfica. El diario La Prensa de
Buenos Aires, en su edición del 29 de marzo de 1926, hacía campaña en
favor del mejoramiento de las condiciones de estos repositorios y
mencionaba las dificultades que tenían en la Argentina quienes se
aventuraban a escribir una obra propia y original. Tras señalar que el
archivo nacional solo poseía una parte, y no siempre la más rica y mejor
del “conjunto documental diseminado en la República”, describía la
situación en las provincias, donde se guardaban documentos “en
míseras estanterías carcomidas de polilla”, a “distancia de los
verdaderos centros de cultura”, sometidos a la “sórdida humedad, los
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insectos bibliófagos” y “la apatía desesperante de los encargados de
custodiar tales tesoros”. Instaba al Ministerio de Instrucción Pública
para que protegiera estos bienes patrimoniales, que eran “materiales
inéditos e insustituibles de la historia común de todos los argentinos”, a
la vez que financiara a las entidades encargadas de su custodia. Detrás
de esta nota editorial, no solo se advierten las presiones de los
investigadores regionales y del nacionalismo hispanista, sino también
los cambios metodológicos impuestos por la Nueva Escuela Histórica.
En una carta dirigida al director de la Sección de Historia de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Emilio
Ravignani, el encargado del Archivo de Santiago del Estero, Andrés
Figueroa (1921, 4), detallaba las críticas circunstancias por las que
atravesaban estas instituciones, entre las más graves,
las sustracciones [...] por coleccionistas o aficionados que no siempre
les habrán adjudicado su valor, por lo que se redujo el archivo a un
estado de relativa pobreza, a lo que hubo de agregarse la desidia de
algunos de sus cuidadores que regalaban los papeles al primero que se
los pedía, acusando una ignorancia completa de su valor.
Ravignani no permaneció indiferente. Envió comisionados a lo largo y
ancho del país para registrar estos archivos y “verificar su contenido”.
Eduardo Fernández Olguín fue a Corrientes y el cura Antonio Larrouy
a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Catamarca
(Fernández Olguín y Larrouy, 1921). La ley N° 12.665 del 8 de octubre
de 1940, impulsada por el mismo grupo de historiadores, oficializó
estas acciones y las extendió a otros bienes patrimoniales, a través de la
creación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos.
Como si arrastraran un pecado de filiación y tuvieran una deuda
de gratitud con sus progenitores, la razón de ser de los archivos
provinciales fue recoger las piezas coloniales y las inmediatamente
posteriores a la Independencia impidiendo, hasta normativamente, el
ingreso de la documentación más moderna. La clasificación y el
ordenamiento se emprendieron sin ningún criterio archivístico. José
Torre Revello (1941), al mencionar la organización del nuevo Archivo
de la Provincia de Buenos Aires, fundado en 1925, observaba con
beneplácito la distribución arbitraria –y para él lógica– de los
documentos en cinco secciones: 1. Documentos políticos, 2.
Documentos judiciales, 3. Documentos económicos, 4. Documentos
varios y 5. Documentos militares.
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Dedicadas sus energías a atender a los historiadores, muchos de
ellos nacieron en forma conjunta con los museos provinciales o
funcionaron, y algunos todavía lo hacen, vinculados con las bibliotecas;
pero todos ocuparon lugares subalternos en la administración. Tuvieron
innumerables dificultades para formular, coordinar y controlar la
política archivística en su jurisdicción, establecer normas técnicas,
modernizar la gestión documental, formar recursos humanos y
garantizar la publicidad de los actos de gobierno, circunscribiéndose a
la divulgación educativa y comunitaria de sus fondos históricos. No
obstante, algunas provincias avanzaron más que la Nación, sancionando
leyes protectoras del patrimonio cultural o proyectando sistemas
provinciales de archivos, aunque su implementación haya sido
defectuosa.
1.3. La enseñanza de la Archivística como ciencia auxiliar de la
Historia
Durante más de cien años, el trabajo archivístico se mantuvo fuera de
los círculos académicos. Se limitó a un conjunto de prácticas, más o
menos intuitivas pero arraigadas por el uso, y a algunas prescripciones
administrativas esporádicas, hasta que por una ordenanza de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de 1922, se
creó la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios. Comenzó a funcionar al
año siguiente y fue la primera en América latina. La iniciativa se
produjo en un clima caracterizado por la amplia repercusión que
alcanzó la obra La restauración nacionalista (1909) de Ricardo Rojas, por
el entusiasmo que despertó la celebración del Centenario en 1910 y,
más adelante, por la influencia del nacionalismo hispanista y de la
Nueva Escuela Histórica. Como decano de la Facultad (1921-1924),
Rojas tuvo la oportunidad de consumar lo que había imaginado sobre el
papel más de una década antes, cuando se complacía por la obra
nacionalista que cumplía esta casa de estudios al instituir premios de
Filosofía e Historia, fomentar excavaciones arqueológicas y relevar
archivos. Las ideas de este tucumano, hijo del dos veces gobernador de
Santiago del Estero, Absalón Rojas, estaban en las antípodas del
cosmopolitismo de la orgullosa Capital. Su plan era recobrar las
tradiciones nacionales y revalorizar los orígenes indígenas e hispánicos
que tanto habían incomodado, y hasta avergonzado, a la elite porteña.
Para la Historia Nacional –afirmaba– tenemos por hacer casi toda la
obra, desde la base hasta la cima. Necesitamos proteger y restaurar
todas las fuentes históricas; hacer después su crítica y su síntesis; crear
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archivistas, arqueólogos, profesores que se dediquen a la tarea; y luego,
adaptar esa elaboración a la alta cultura universitaria, y a los grados
inferiores de la enseñanza, mediante libros, calcos y museos especiales
(Rojas, 1909: 248).
Creía que el devenir de las generaciones en el interior de la Nación,
identificada con un sustrato patrimonial común, era el conjuro más
eficaz contra la inexorable finitud de la vida humana. Afiliado al Partido
Radical y rector de la Universidad de Buenos Aires durante las
presidencias de Marcelo de Alvear (1922-1928) e Hipólito Yrigoyen
(1928-1930), salió rápidamente a aclarar que su nacionalismo, lejos de
alentar la patriotería o el fetichismo de los héroes militares, era laico y
democrático (Rojas, 1909). No simpatizaba para nada con el
nacionalismo militarista de la década de 1930 y debió pagar un precio
muy alto por su disidencia. Como rechazó el exilio, en 1932 fue
confinado en la rigurosa colonia penal de Ushuaia. Rojas proponía la
búsqueda de artefactos arqueológicos, la reconstrucción del folclor, la
preservación de la tradición oral y escrita, y la publicación de
documentos nacionales y provinciales. Tras señalar que de nada servía
un archivo sin archivistas, aseguraba que la verdadera función de estos
profesionales
no [es] la de viejo cancerbero que cuida un tesoro, sino la de auxiliar
del historiador, para quien estudia y ordena los documentos […] De
burócrata más o menos mecánico, asciende a estudioso que puede
conquistar la gratitud y el homenaje de los grandes hombres (Rojas,
1909: 258).
Para que cumpliera con esa misión, había que alejarlo de lo que
calificaba peyorativamente como minucias administrativas y formarlo
en escuelas oficiales. El primer paso era introducir la titulación en
Historia, sobre la base de los cursos prácticos que dictaba la Facultad y
promoviendo, a la manera de Leopold von Ranke, la discusión de
textos y la crítica de documentos. Estaba convencido de que los
archivistas debían formarse junto a los historiógrafos y bibliotecarios.
Decía historiógrafo porque juzgaba que para ser historiador, más
importante que la formación académica, era tener las dotes naturales de
imaginación, emoción, entusiasmo y estilo.
Probablemente, Rojas se inspiró en un viejo proyecto de
profesionalización de archiveros y bibliotecarios del diputado cordobés
Ponciano Vivanco pero, fundamentalmente, en la École Nationale des
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Chartes y la Escuela de Diplomática española, cuyo plan de estudios no
incluía ninguna materia archivística, con las únicas excepciones de
Paleografía y, naturalmente, de la disciplina que le daba el nombre a la
carrera. En ese contexto internacional se puso en marcha la titulación
en Buenos Aires. El diploma de archivista de tres años de duración,
también habilitaba a su titular para ejercer como perito en museos. De
neta orientación historicista, su primer plan de estudios comprendía, en
los dos primeros años, asignaturas como introducción a los estudios
históricos y literarios, sociología, historia universal, americana y
argentina, literatura española y argentina, y latín. Solo en el último ciclo
estaba prevista la práctica en archivos, bajo la tutela del Director de la
Sección de Historia de la Facultad, en ese entonces el historiador
Emilio Ravignani, a quien se le encargaba proporcionar a los candidatos
conocimientos más específicos, siempre destacando el rol de los
documentos como fuente para la investigación, más temas de
organización administrativa, paleografía española y conservación. La
enseñanza se caracterizó por el exagerado enciclopedismo, la ausencia
de contenidos técnicos y la mínima sistematización. A semejanza de las
escuelas europeas, promovía un perfil profesional extremadamente
erudito y humanístico. Tal es así, que los aspirantes compartían los
cursos con los alumnos de Historia, Letras y Filosofía. Alineada con el
proyecto historiográfico oficial y con las instituciones memoriales,
debía ceñirse a aportar las herramientas empíricas que demandaban los
historiadores y ocuparse únicamente de la custodia, la conservación-
restauración de los soportes, la publicación de auxiliares heurísticos y la
edición de fuentes.
Las gestiones posteriores, que intentaron incluir materias más
específicas, no dieron los resultados esperados. Es probable que la
escasez de alumnos y de profesores haya sido uno de los factores que la
llevaron a su desaparición. El cuerpo docente no cumplía con las
exigencias mínimas que supone un sistema de educación formal. No
tenía ni formación académica ni trayectoria en investigación (Tanodi,
1974). Puesto el foco de la capacitación en los archivos históricos, muy
pocos para esa fecha y con plantillas de personal reducidas, las fluidas
relaciones de Ravignani con el director del principal archivo del país,
Augusto Maillé (1923-1929), no alcanzaron para que los egresados
consiguieran insertarse en el mercado laboral. Adicionalmente, el hecho
de que cursaran materias comunes, hizo que muchos de los inscriptos
terminaran desviando su interés hacia otras disciplinas.
2. Tercera etapa: El auge del paradigma custodial estatista
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2.1. Los cambios de la década de 1960. La teoría del ciclo vital y
las exigencias normalizadoras
A partir de 1950, el Archivo General de la Nación empezó a participar
activamente en varios organismos internacionales. El primero de ellos
fue el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), cuya
Comisión de Historia fue creada en Caracas por la Resolución XXVII
de 1946. En 1961, durante la V Reunión de Consulta sobre Historia que
tuvo lugar en Buenos Aires, se constituyó el Comité de Patrimonio
Cultural, del cual dependía un grupo de trabajo sobre archivos. Uno de
sus principales objetivos fue continuar con la identificación e
inventariado de las existencias documentales del continente, que se
venía realizando desde la década de 1930. Un año antes, el organismo
se había adherido al Consejo Internacional de Archivos (ICA) y, en
1972, su director Guillermo Gallardo (1968-1973), fue designado
miembro del Comité Ejecutivo. Viajó a la reunión de Moscú, donde
surgió la idea de constituir una rama latinoamericana para “superar el
aislamiento actual de los repositorios de América latina” (AGN, 28 de
marzo, año 1972). En esa ocasión, la Argentina se opuso con éxito a la
integración de Estados Unidos y Canadá en la rama regional.
En la segunda mitad del siglo XX, se fueron difundiendo y
aplicando los principios de procedencia y orden originario, y tiempo
después, se incorporó la teoría de ciclo vital. Ya ratificada la
importancia del contexto de producción, entre las décadas de 1940 y
1950, debido a la expansión del aparato del Estado y con el propósito
de atender la desmesurada acumulación de documentos que ocasionaba
en las oficinas productoras, la escuela norteamericana y la Society of
American Archivists, representadas principalmente por Theodore H.
Schellenberg, se enfocaron en la gestión de documentos y reclamaron la
participación de los archivistas en la resolución de los problemas
planteados por las administraciones modernas, colaborando en la
normalización de tipos documentales y estableciendo pautas técnicas,
sin esperar la instancia de su valorización cultural. La doctrina de los
records management y la metáfora biológica del ciclo vital, complementada
por la teoría europea de las edades, significó la sustitución parcial de la
visión positivista e historicista por otra más orientada a la producción
documental y la administración estatal. No obstante, persistió la
creencia de que el archivista debía encargarse, casi exclusivamente, de la
custodia física y legal ininterrumpida de documentos tangibles y
auténticos, a los efectos de registrar las acciones de sus creadores y con
fines de investigación. El término archivo quedó reservado para la
última etapa de vida del documento, la del archivo histórico. Una
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brecha pronunciada parecía separar los records de valor primario de los
archives de valor secundario, imponiendo una división peligrosa entre
archivos vivos y archivos de depósito. Pese a su amistad y respeto por
Schellenberg, el archivista argentino de origen croata, Aurelio Tanodi
(1960, 265), disentía con él. En su opinión y para no desvincular la
administración actual de su archivalía, era imprescindible comprender a
ambos bajo el concepto genérico de archivo:
Si concebimos los archivos como secciones o dependencias de las
entidades vigentes, y como instituciones especializadas, podemos
abarcar con el mismo término los archivos modernos con sus
finalidades eminentemente prácticas, es decir, al servicio de la vida
actual administrativa, como asimismo los archivos generales e
históricos, con sus finalidades eminentemente científicas: desde los
archivos corrientes o en formación, hasta los grandes archivos
nacionales.
Pero la Archivología anglosajona estaba empecinada en considerar a
cada uno de ellos como objetos informativos diferentes. Al punto que
para atender a los primeros, Schellenberg propuso la creación de una
disciplina específica denominada Record Management, lo que terminó de
aislar todavía más a la Archivística de las demás ciencias de la
información.
A fines de la década de 1950, el crecimiento vertiginoso del
volumen documental se transformó en un problema serio para la
Administración Pública Nacional, y tomó desprevenido al Archivo
General de la Nación, que no disponía de espacio físico, recursos
materiales, personal capacitado, presupuesto razonable y respaldo
jurídico En las oficinas productoras, los papeles se amontonaban no
solo en los locales destinados al archivo, sino también en los sótanos y
pasillos. La única solución era el descongestionamiento por eliminación
(Bazán Lazcano, 1971). Pero cuando no hay reglas claras se impone la
arbitrariedad. En tanto algunas reparticiones habían redactado
reglamentos propios que autorizaban la desafectación, a plazo
determinado, de ciertas clases de documentos, en medio de una
profusión preceptiva; otras se deshacían de ellos sin sujeción a norma
alguna y, por lo regular, con arreglo a criterios subjetivos. Entre las
cuatro paredes de su oficina, el director Roberto Echepareborda (1955-
1957 y 1958-1961) estaba desbordado por la situación. Temía cometer
errores irreparables. Apenas atinaba a defenderse: “Hasta ahora no se
ha procedido a descartes ni destrucciones de documentos, pero el
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Número 14 / Julio 2023 / pp. 4-29 17 ISSN 2422-5932
artículo 7º, inc. 15 del Reglamento los prevé” (Fondo AGN, Año
1958); o a congraciarse con sus colegas: “La selección de los papeles
públicos para su incineración es un problema sumamente complejo por
cuanto resulta imposible analizar su valor teniendo en cuenta los
diversos puntos de vista desde los cuales puede el historiador enfocar el
estudio de una determinada época del país”. Tanodi también estaba
preocupado:
Las fuentes históricas no nos dan testimonio completo, exhaustivo de
todos los hechos del pasado, sino una muy pequeña parte, y esto, de
manera incoherente y unilateral. Muchos acontecimientos, aun los de
trascendental importancia, no dejan huellas (1971: 20).
Había que ser extremadamente cuidadoso con lo que se destruía.
Con el objetivo de poner fin a la incertidumbre y corregir las
irregularidades, el 10 de noviembre de 1961 se promulgó la primera
Ley de Archivos de la República Argentina. Aunque la principal
motivación de la ley N° 15.930 fue modernizar y regular el
funcionamiento del principal repositorio del país, terminó
transcribiendo muchos de los artículos obsoletos incluidos en los
reglamentos anteriores (1899, 1914, 1924 y 1949), que habían ejercido
una influencia perjudicial en la organización documental del organismo.
Si bien fue un avance frente al vacío legislativo y aún continúa vigente,
presenta muchos defectos derivados de su génesis historicista. De
modo que la norma no tardó mucho tiempo en colisionar con la
realidad.
3
Por ejemplo, con el decreto 759/66 que aprobaba el
Reglamento para la redacción y diligenciamiento de la documentación
estatal en las Mesas de Entrada, Salidas y Archivo. El punto 9 del inciso
2 permitía a las mesas de entrada, sin aclarar el procedimiento y con
prescindencia del archivo nacional, “destruir, conforme a las normas
vigentes o a las que eventualmente se dicten, los documentos que hayan
perdido actualidad y que no tengan validez”. El nuevo director,
Guillermo Gallardo (1968-1973), le elevó una consulta desesperada a
Aurelio Tanodi. La respuesta fue inmediata y se publicó en el primer
número de la Revista del Archivo General de la Nación bajo el sugerente
título “Una voz de alarma: el expurgo”. Tanodi proponía, primero, la
reglamentación del procedimiento administrativo para normalizar las
3
Refiriéndose a las transferencias, la Ley establece en su artículo 4° “Los ministerios, secretarías de
Estado y organismos descentralizados de la Nación, pondrán a disposición del archivo general la
documentación que tengan archivada, reteniendo la correspondiente a los últimos treinta años, salvo la
que por razón de Estado deban conservar. En lo sucesivo, la entrega se hará cada cinco años.”
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series documentales y simplificar el proceso, circunscribiendo el juicio
de valoración sobre las series y no sobre las piezas. Segundo, la
formación de Comisiones de Selección Documental en los Ministerios,
Secretarias de Estado y Organismos Descentralizados. Tercero, el
establecimiento de tablas de retención de la documentación facilitativa,
es decir la incidental para el cumplimiento de los objetivos de la
repartición. Y cuarto “la creación de depósitos de tránsito destinados a
la concentración de documentos provenientes de la administración
pública a los efectos de su selección y descarte”, en otras palabras, de
archivos intermedios. No sorprende, entonces, que uno de sus
principales discípulos, Manuel Vázquez Murillo, le haya dedicado dos
obras completas a la resolución de este problema, el Manual de selección
documental y Cómo seleccionar documentos de archivo. Muchos de los consejos
de ambos fueron atendidos y, gracias a ellos, el Archivo pudo afrontar
–es verdad que con éxito relativo y resultados dispares– las
consecuencias archivísticas del proceso de Reforma del Estado de la
década de 1990, que contemplaba la privatización de empresas públicas
y la supresión de organismos reguladores.
4
Después de un siglo de ausencia, la revista institucional fue
reeditada en 1971 para conmemorar los ciento cincuenta años del
organismo. En tanto en la primera época a su responsable, Manuel
Ricardo Trelles, solo le interesó publicar piezas documentales, ahora
Gallardo abría un espacio significativo a los temas archivísticos. En el
primer número se atrevió a introducir la discusión sobre la cientificidad
de la disciplina. El secretario de redacción, Marcelo Bazán Lazcano,
impugnando la excesiva especulación teórica, sostenía que las
conclusiones de esta área del conocimiento debían ser pragmáticas y
tendientes a definir criterios tanto para la mejora organizativa, como
para la normalización de la estructura y funcionamiento de los archivos.
La bibliografía acumulada, los atisbos de un cuerpo de conocimientos
organizados y la existencia de un campo de aplicación mucho más
definido eran la prueba de que ya se habían alcanzado algunos
consensos básicos. Pese a los desacuerdos terminológicos, la anomia, la
proliferación de soluciones casuísticas y la diferente naturaleza,
posición y significación legal o jurídica de los repositorios de los
distintos países, confiaba en que era factible enunciar una teoría
general. Frente a las objeciones y dudas de algunos archivistas
4
Las sugerencias fueron incorporadas a los decretos 272/79 y 1571/81. Este último establecía la tabla
de plazos mínimos de conservación de los documentos de personal y de control y preveía el
procedimiento para la formación de las comisiones de selección documental en las reparticiones de la
Administración Pública Nacional.
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Número 14 / Julio 2023 / pp. 4-29 19 ISSN 2422-5932
europeos, para quienes era riesgoso sistematizar realidades tan dispares,
acordaba con Schellenberg en que se debía renunciar a toda
generalización precipitada y concentrarse en el desarrollo de estudios
especializados, que sin desatender situaciones particulares, pusiera su
empeño en obtener resultados totalizadores basados en la investigación
teórica. Sin duda, la Archivística era otra de las víctimas de los
esquemas de referencia del modelo newtoniano y sus principios de
simplicidad, enfoque sistemático, observación empírica de casos,
recolección ulterior de datos y presentación de los resultados para llegar
a la enunciación de leyes que se pudieran utilizar en la predicción de
resultados. Por momentos, también Bazán Lazcano parecía dudar:
Todo intento [normalizador] tropieza desde luego con la cuestión de
hasta qué punto pueden ser válidas sus conclusiones para todos los
archivos, vale decir, hasta qué punto pueden ser generales –o
universales–, conforme lo exige la ciencia. Es que los archivos de todo
el mundo son tan distintos entre sí –y esto en muchos aspectos– que
cuesta creer en la posibilidad de poder someterlos a un mismo patrón
de estudio (1971: 27).
Sin embargo era optimista, porque
si se analizan detenidamente sus características, se ve que existen entre
ellos no solo diferencias, sino también coincidencias, las cuales
permiten encarar dichos estudios sin inconvenientes, siempre que (…)
no se exageren las pretensiones de generalización y universalidad de los
resultados (1971: 27).
Bazán Lascano vislumbraba una tendencia regional a unificar criterios
de investigación y métodos de exploración científica. Citaba como
ejemplos los consensos legislativos y el “Plan básico de la guía de las
fuentes de la Historia de América latina existentes en repositorios
latinoamericanos”, aprobada en Washington en octubre de 1961.
II.2. La enseñanza de la Archivología como disciplina científica.
Luego de la experiencia fallida de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, la formación archivística desapareció en la
Argentina hasta la creación de la Escuela de Archiveros de Córdoba en
1959. A diferencia de su antecesora, tuvo su origen en un contexto
caracterizado por una mayor normalización de la disciplina pero, sobre
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todo, nació al calor de la explosión documental de la segunda mitad del
siglo XX y las exigencias de los gobiernos para que alguien resolviera, de
una vez por todas, la escabrosa cuestión de la selección documental. Por
consiguiente, y también debido a la influencia de Schellenberg, la carrera
tuvo una impronta más administrativa que histórica (Tanodi, B., 2021).
Aurelio Tanodi opinaba que para planificar la enseñanza, era
necesario un censo previo donde se especificaran tanto las clases de
archivos, teniendo en cuenta la organización institucional del país y la
antigüedad de sus fondos, como las necesidades profesionales de
quienes prestaban servicios en ellos. Este último punto era crucial.
Bruno Delmas, egresado de la École Nationale des Chartes, lo
consideraba un problema crítico, al igual que Elio Lodolini. Entre 1972
y 1973 el archivista italiano recorrió América latina con el auspicio del
ICA y del Departamento de Asuntos Culturales de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Los resultados de sus observaciones se
publicaron en la Revista del Archivo General de la Nación: “El problema de
fondo de los archivos de América latina es (…) según nuestra opinión,
el del personal. De nada servirán las buenas leyes, si no hay quien esté
en condiciones de hacerlas aplicar” (Lodolini, 1973: 29). No solo hacía
alusión a la deficiente preparación científico-técnica. También
responsabilizaba a los estados por la falta de reconocimiento
profesional, la resistencia a brindarle estabilidad y las bajas
remuneraciones. Tanodi pedía a los responsables políticos que
contrataran graduados universitarios, porque los archivos, además de
centros burocráticos, eran entidades culturales y sociales. Pero no era
ingenuo. Sabía que en el país apenas estaban dadas las condiciones para
abrir una sola escuela profesional. Por eso, en el corto plazo, se
conformaba con que estos egresados recibieran entrenamiento en sus
puestos de trabajo, suplementado con cursillos permanentes y
periódicos, de acuerdo a las necesidades de cada tipo de archivo. Otra
solución era introducir, al menos temporariamente, estudios
complementarios en otras disciplinas como Historia, Bibliotecología,
Documentación e Información y Administración de Empresas.
En un principio, y con el propósito de organizar la enseñanza
formal, se evaluaron dos posibilidades. Una que prefería que se dictara
como carrera separada con planes concentrados en materias
archivísticas, y otra que no tenía reparos en vincularla con las demás
ciencias de la información, en especial con la Bibliotecología,
aprovechando que estos estudios estaban más arraigados, ya contaban
con el apoyo de las autoridades y generaban más confianza entre los
futuros estudiantes, que creían que la existencia de un gran número de
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bibliotecas les asegurarían una rápida salida laboral. Tanodi juzgaba que
esta asociación podía resultar beneficiosa si se hacía sobre la base de la
convergencia de asignaturas comunes en el ciclo básico, siempre y
cuando no se cayera en la tentación de aplicar en los archivos los
principios de clasificación y catalogación bibliotecológicas. Si bien su
aceptación a la alianza con otras ciencias de la información se debió a
que era consciente de que lidiaba con una disciplina relativamente
nueva y carente de tradición, es innegable que también demuestra la
modernidad de su pensamiento. Muchos de los conceptos, que más
adelante serían universalmente aceptados, seguían concitando rechazo
debido a “la diversa naturaleza, posición y significado legal o jurídico
de los archivos en los distintos países o áreas culturales y políticas, la
diversa antigüedad y número de ellos, sus funciones administrativas,
jurídicas o científicas” (Tanodi, 1960: 262). Todavía no estaban del
todo claros los fines y funciones de la disciplina y los acuerdos
terminológicos eran casi inexistentes, mientras que sus fundamentos
teórico-metodológicos, así como sus prácticas, tenían muy poco tiempo
de desarrollo e implementación. No obstante, lentamente, la
Archivología se iba ordenando, los principios adquirían validez general,
las teorías se consolidaban y la praxis se fundaba cada vez más en la
investigación y la experimentación. Desde finales de la década de 1950,
Tanodi (1960) percibía una mayor coordinación internacional, gracias a
los acuerdos logrados en los sucesivos congresos trienales y mesas
redondas anuales. Aunque se demoraba la concertación de todos los
países o de todos los archivos generales o nacionales importantes,
intuía que la validez universal de valores, principios, técnicas y
aplicaciones estaba cada vez más cerca.
En la I Reunión de Paleografía y Neografía, celebrada en Córdoba
en 1956 y organizada por el Instituto de Estudios Americanistas de la
Universidad, se les solicitó a los archivos y universidades del país que
incluyeran, ya sea en la práctica laboral o en la oferta académica, el
dictado de cursos especiales para preparar archivistas y paleógrafos. En
la IV Reunión de Consulta de la Comisión de Historia del IPGH
realizada en Ecuador en 1959, sugirió la idea de planificar la formación
a nivel continental. Ese mismo año, en las I Jornadas de Archiveros de
la República Argentina, la Escuela de Córdoba fue reconocida como la
principal institución de enseñanza de la Archivología en el país. Por un
lado, se otorgaron becas para beneficiar a quienes no residían en la
provincia y, por el otro, se homologaron su modelo de organización y
sus planes de estudio. En 1961, la carrera se separó definitivamente de
la Escuela de Bibliotecarios. De inmediato, hubo que superar el
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problema del cuerpo docente, que había sido una de las principales
causas del fracaso de la Escuela de Buenos Aires. El primer claustro de
profesores se constituyó con egresados de Historia, a los que se envió a
seguir estudios archivísticos en Madrid, Sevilla, París y Washington. En
tal sentido, fueron fundamentales la colaboración del Stage technique
international d'archives (STIA) de París; y a partir de 1973, los cursos
sobre organización y administración de archivos de la Escuela de
Documentalistas de Madrid, que dirigía la archivista valenciana Vicenta
Cortés Alonso en la Biblioteca Nacional. Para atender problemas
concretos y consolidar la práctica, se organizaron cursos en el Archivo
Histórico provincial.
La currícula para obtener la titulación de archivista incluía, en el
primer año, archivología general, ordenación y clasificación,
descripción y catalogación, instituciones hispanoamericanas,
administración argentina y americana, paleografía y diplomática
hispanoamericanas, y legislación y servicios; en el segundo, metodología
histórica y archivos históricos, producción y archivación de
documentos, archivos administrativos, archivoeconomía, selección,
conservación y restauración, reproducciones archivísticas, y bibliotecas,
museos y centros de documentación; y, finalmente en el tercero,
metodología y práctica archivística. Para graduarse, los candidatos
debían presentar una monografía sobre un repositorio o fondo
documental, y elegir un idioma entre inglés y francés. En la bibliografía
abundaban los autores norteamericanos y europeos, solo había unos
pocos latinoamericanos y algunos canadienses, porque todavía no
existían publicaciones locales (Mansilla, 2019). La Escuela de Córdoba
también ofrecía otras alternativas de aprendizaje de menor duración
para aquellos que quisieran formarse como auxiliares, consistentes en
dos cuatrimestres y ocho materias (Mansilla, 2019).
En 1972, siguiendo la recomendación de la IV Reunión de
Consulta de la Comisión de Historia del IPGH, se creó en Córdoba el
Centro Interamericano de Formación de Archiveros (CIFA),
dependiente de la Escuela y financiado en parte por el Departamento
de Asuntos Culturales de la OEA. Contó con el apoyo del Archivo
General de la Nación:
Puede asegurarse [escribía Gallardo] que lo resuelto en la reunión
celebrada en Washington en julio de este año, con respecto al
establecimiento de un Centro Multinacional para la formación de
Archiveros, cuya sede sería la ciudad de Córdoba, en la República
Argentina, es un paso de gran importancia hacia la concreción de
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comunes anhelos. No obstante lo cual, cabría apuntar la necesidad de
que la acción de ese Centro alcanzara por igual a todos los Archivos de
la República Argentina, haciendo realidad el perfeccionamiento del
personal que en ellos se desempeña (Fondo AGN, 28 de marzo, Año
1972).
En 1974, el Centro dictó su primer curso de capacitación de siete meses
para estudiantes latinoamericanos, que preveía una estancia en Buenos
Aires. La enseñanza era muy similar a la que se impartía en la Escuela,
aunque mucho más intensiva. En la primera cohorte se inscribieron
veinte personas provenientes de once países, casi todos becarios del
organismo panamericano. Hasta 1988 egresaron quince promociones
(Mansilla, 2019). Comprometido con los programas regionales del ICA
y de la UNESCO, también publicaba material didáctico, siendo su
órgano de difusión oficial el Boletín Interamericano de Archivos, y prestaba
asistencia técnica a los archivos latinoamericanos. Tanto la Escuela
como el Centro, renombrado Centro Interamericano de Desarrollo de
Archivos (CIDA), comenzaron a construir conocimiento y a colaborar
en la preservación del patrimonio documental de los países miembros
de la OEA (Mansilla, 2019). Por su intermedio, se intensificaron los
vínculos académicos y científicos en la región. Gracias a sus docentes, a
sus capacitadores y a las sucesivas promociones de egresados, quienes
luego del año 2000 pudieron acceder al título de licenciado, la
Argentina comenzó su propia producción científica. A partir de la
década de 1980 surgieron otros centros de formación en distintas
ciudades del país, como Santa Fe, Paraná, Resistencia, La Rioja, La
Plata, San Juan y Buenos Aires. Sin embargo, por más de cuarenta años,
la Escuela de Córdoba fue la única que brindó formación universitaria.
Sus profesores recorrieron todas las provincias para enseñar y asesorar,
y participaron activamente en congresos y jornadas profesionales, tanto
en el país como en el exterior.
II. Cuarta etapa: El paradigma pos-custodial social de la
posmodernidad
Combinando el enfoque custodial con el record management, en la década
de 1990 algunos archivistas canadienses y franceses, como Carol
Couture y Christine Pétillat (1994), concibieron la idea de “archivo
total” y de “archivística integrada”, insistiendo en el tratamiento
documental desde su producción en los archivos de gestión hasta su
conservación permanente, pero introduciendo la novedad de pensar el
ciclo de vida de los documentos como una unidad. Así, erradicaron
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definitivamente la brecha conceptual entre documentos activos y
permanentes que había dejado abierta la escuela norteamericana. A
fines del siglo XX, archivistas australianos como Ann Pederson (1994)
de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y Frank Upward (1996) y
Sue McKemmish (1997) de la Universidad de Monash propusieron en
la misma línea un nuevo principio, el de continuidad (Record Continuum
Model), como respuesta a las dificultades derivadas de la gestión de
documentos electrónicos. Este tipo de registro exigía abandonar,
primero, la percepción de que la procedencia es el lugar físico u oficina
donde se producen los documentos, lo que provocó –no siempre con
razón– alguna incertidumbre en una profesión que había hecho de este
principio su bandera; y, segundo, sustituir el concepto tradicional de
ciclo vital, basado en una noción rígida y escalonada de las edades y en
la teoría de los valores, por otro sistema que se hiciera cargo de las
singularidades propias de los nuevos soportes. El modelo del record
continuum considera la gestión de documentos como un proceso
ininterrumpido, involucrando a archiveros y gestores de documentos en
todos los puntos de ese continuum. Ya no existe una división
concluyente entre las instancias pre-archivística y archivística de un
registro, sino integración de responsabilidades. No sorprende que la
desaparición de determinados atributos físicos de los documentos, en
los que el archivista había depositado toda su confianza durante tanto
tiempo, genere cierta ansiedad. En pocos años se dejó de creer que el
documento era un ente fijo y estático y el archivero un guardián pasivo
e imparcial, a considerar que los archiveros son agentes activos y
responsables de construir la memoria social, en un entorno en que los
documentos pasaron repentinamente a ser concebidos como realidades
virtuales dinámicas.
Por otra parte, a nivel internacional, por fin se terminó de
entender que los archivos tienen múltiples usos. Existe un consenso
generalizado de que ya no pueden limitarse a una función instrumental
al servicio del oficio de historiador, sino que, prioritariamente, tienen el
deber de asegurar derechos en el marco de las leyes de acceso a la
información pública, universalizadas a partir de 1966 con la Freedom of
Information Act (FOIA) de los Estados Unidos; de resguardar la
memoria de las organizaciones, siendo un recurso insoslayable en los
procesos de formulación, gestión y evaluación de las políticas públicas;
y de contribuir a la transparencia y al control ciudadano de la
burocracia estatal. La libre consulta de los archivos coadyuva a la
gobernabilidad y a la gobernanza informacionales y, por ende, convierte
a los documentos producidos por el Estado en uno de los pilares
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básicos de la vida democrática. Estos factores, sumados a la obsesión
por las políticas de la memoria propia de la Posmodernidad,
contribuyeron a operar una transición entre dos estadios
paradigmáticos de la disciplina. El modelo explicativo custodial-
patrimonialista, que estuvo vigente desde la aparición de la Archivística
como saber científico a mediados del siglo XIX hasta las postrimerías
del XX, fue suplantado por uno nuevo al que Terry Cook (1997)
denominó post custodial-social. Por otra parte las humanidades digitales,
una transdisciplina que relaciona los procesos de digitalización con las
Ciencias Sociales y Humanas, se asientan cada vez más en los ambientes
académicos. Preservar esta enorme cantidad de nueva información será
una de las preocupaciones principales de los archivos, que ya no
trabajarán más con objetos tangibles, sino con flujos de datos, y en
medio de una transición del archivo-producto al archivo proceso (Ketelaar,
2007). Es cierto que el documento digital reconfigura las nociones de
procedencia, orden natural, contexto de producción y tradición
documental, sin embargo, lo que en ambos paradigmas no ha variado es
la tarea central del archivero: organizar la información para su uso
(Cruz Mundet, 2002).
En la Argentina, el año 2016 fue clave para comprender estos
cambios. Tanto la ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública
como el decreto 1.131 de Archivos y digitalización de expedientes,
exigen un replanteo mucho más profundo del oficio. El decreto
implementa el Repositorio Único de Documentos Electrónicos (RUDO),
como parte integrante del Sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE). En este entorno, los metadatos proveen la información
contextual y se encargan de describir la estructura de los expedientes, los
contenidos y las relaciones entre las piezas documentales.
Simultáneamente, este acto decisorio determina que los documentos y
expedientes generados en soporte electrónico y los reproducidos en
soporte electrónico a partir de originales de primera generación en
cualquier otro soporte, son considerados originales y tienen idéntica
eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en papel. El problema
más grave del decreto, aún no resuelto del todo, es el artículo que
dispone que los documentos y expedientes producidos en primera
generación en soporte papel que hayan sido digitalizados perderán su
condición jurídica de original, pudiendo ser destruidos u otorgarse a los
mismos el destino que la autoridad competente determine.
A esto hay que sumarle el impacto de la ley N° 26.899 del año
2013 sobre repositorios institucionales de acceso abierto. La ley exige a
todas las instituciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
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Tecnología e Innovación (SNCTI) y reciben financiamiento por parte
del Estado Nacional, que desarrollen repositorios digitales
institucionales de acceso abierto para depositar la producción
científico-técnica. También se refiere a los “datos primarios”, o sea,
todo aquel posible o no de ser publicado, pero que aporte nuevos
conocimientos. Este tema concita mucho interés e instala el debate en
todas las disciplinas comprendidas dentro de las ciencias de la
información. El dato –o el “dataísmo”– está contribuyendo a debilitar,
pero también a enriquecer, la noción arquetípica de documento.
Ya no hay vuelta atrás. Si antes –aunque no era lo deseable– el
archivista podía darse el lujo de presentarse recién en el momento de la
valoración cultural, desentendiéndose de la gestión, ahora está obligado
a asegurar, en la medida de las posibilidades, el acceso en todo el ciclo
vital, y a intervenir en la fase de diseño de los documentos y en los
procesos en los que se insertan; en la fase de utilización para garantizar
documentos fiables, auténticos, íntegros y accesibles; y en la fase de
conservación, ya que estos documentos deben mantener la autenticidad
pese a la renovación constante y la migración periódica. La generación
de documentos electrónicos y la digitalización masiva también afectan
los procesos técnicos de valoración, clasificación, ordenamiento y
descripción.
En la actualidad, los archivistas tienen grandes desafíos. Por lado,
tratar de compartir el proceso de gestión documental con una dirigencia
política más que recelosa a la hora de involucrar a los profesionales de
la administración en los resortes decisorios y en los mecanismos más
sensibles del aparato estatal; y, por el otro, adaptar a la realidad
latinoamericana un modelo concebido en los países centrales. Estos
cambios han comenzado a incidir tanto en la enseñanza, las
investigaciones y la producción científica, como en las instituciones de
archivo. Son muy auspiciosos los esfuerzos que se están realizando para
ampliar y mejorar el acceso a través de la descripción normalizada y la
digitalización; la participación del país en el proyecto interPARES sobre
archivos digitales, acceso a la información, transparencia y protección
de datos personales; y el traslado de algunos archivos a nuevas sedes
acordes con sus funciones, entre ellos, el del Archivo General de la
Nación, el Archivo Histórico de Córdoba y el Archivo General de la
Provincia de Santa Fe.
Conclusiones
En este artículo se han expuesto algunas líneas de trabajo y propuesto
una periodización que permita escribir una historia general de la
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Archivología argentina, basada en los diferentes paradigmas
disciplinares. Se pudieron diferenciar cuatro etapas. En la primera, el
Archivo de la Provincia de Buenos Aires –el único por aquellos años–
comenzó siendo un dispositivo para racionalizar la burocracia y
garantizar la publicidad de los actos de gobierno; para transformarse en
una segunda etapa, posterior a la batalla de Pavón (1861), en el sitio de
guarda de los insumos necesarios para la construcción del Estado
Nación y la escritura de la Historia. En la tercera, que se inició
alrededor de la década de 1960, se introdujeron formalmente los dos
principios rectores de la disciplina, se promovió la normalización y se
intentó aplicar la teoría del ciclo vital. Sin renegar de la utilidad
histórica de los documentos, se reafirmaron sus vínculos con la
administración pública, alcanzando plena vigencia el paradigma que
Terry Cook (1997) denominó custodial-patrimonialista. Por último, a fines
del siglo XX, emergió otro modelo explicativo, aún en progreso, que el
teórico canadiense llamó postcustodial-social. Se inicia, así, una cuarta
etapa muy condicionada por la ideología de la posmodernidad, la
generalización de las leyes de acceso a la información, las tecnologías de
la información y la comunicación, la obsesión por la memoria y la
valorización de los fondos privados. Archivos, escuelas y producción
académica fueron evolucionando para acompañar, en mayor o menor
medida, las demandas políticas y sociales, así como también los avances
y las novedades que llegaban desde el exterior.
En el futuro, una obra con pretensiones totalizadoras debería
incluir, entre otros aspectos, las transformaciones teórico-prácticas de
la disciplina; los cambios en las instituciones de archivo; la producción
científica; las contribuciones de sus principales archiveros; los nuevos
enfoques acerca de la conservación; la evolución legislativa y normativa;
las asociaciones profesionales; los congresos y jornadas; la enseñanza,
no solo la más formal sino también las otras alternativas de aprendizaje;
y el rol que vienen desempeñando los archivos en el acceso a la
información pública, el esclarecimiento de las violaciones a los
derechos humanos, la gobernabilidad y gobernanza informacionales, la
protección de datos personales y la transparencia. La indagación
también requiere de una perspectiva federal, lo que no implica
fragmentación sino, más bien, un recorrido en el cual se atiendan
simultáneamente lo general y las realidades particulares. Por último,
historiar la Archivología nacional significa dedicar un apartado especial
a su proyección continental. La Escuela de Córdoba y el Centro
Interamericano de Desarrollo de Archivos contribuyeron en la
capacitación de las primeras promociones de archiveros
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latinoamericanos, quienes después pudieron aplicar los conocimientos
adquiridos en sus respectivos países y formar sus propios recursos
humanos.
Bibliografía
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(1821-2010).
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BAZÁN LEZCANO, MARCELO. “Consideraciones sobre principios, metodología de la
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