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Universidad, sociedad y producción de
conocimientos: las políticas científicas
institucionales en la Universidad Nacional del Sur
University, society and production of knowledge:
institutional scientific policies at the Universidad Nacional del
Sur
Por Verónica WALKER
1
Walker, V. (2023). Universidad, sociedad y producción de conocimientos: las políticas científicas institucionales en la
Universidad Nacional del Sur. Revista RAES, XV(26), pp. 115-134.
Resumen
El artículo focaliza en la función de investigación en la Universidad Nacional del Sur (UNS, Argentina) como parte
del entramado de las políticas públicas del sistema nacional científico-tecnológico y en el marco de particulares
relaciones entre Estado, Sociedad y Educación Superior. Se caracterizan las políticas científicas institucionales de la
UNS y las capacidades institucionales en sus dimensiones técnico-administrativa y relacional, a partir de análisis de
documentos, datos estadísticos y entrevista con informante clave. En el primer apartado se efectúa un recorrido
histórico de la UNS con especial atención a su función de investigación. En el segundo se analizan las políticas
científicas institucionales con foco en la estructura de gestión y los instrumentos institucionales de promoción de
la actividad científica. El tercer apartado recupera las evaluaciones institucionales sobre las capacidades
institucionales y la relación con otros actores del entramado científico tecnológico y del medio socio-productivo y
su papel en la definición de las políticas institucionales de investigación. Finalmente, en las reflexiones finales, se
identifican algunos obstáculos para el desarrollo de políticas científicas institucionales en la UNS ligados a la
dependencia del financiamiento externo, la estructura académica departamental y los mecanismos de evaluación
para la acreditación y financiamiento de actividades de investigación.
Palabras Clave Universidad / Investigación / Políticas científicas institucionales / Evaluación institucional / Sistema
científico nacional
1
Departamento de Ciencias de la Educación y Departamento de Economía- Universidad Nacional del Sur, Argentina /
veronica.walker@uns.edu.ar
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Abstract
The article focuses on the research function at the Universidad Nacional del Sur (UNS, Argentina) as part of the
framework of public policies of the national scientific-technological system and within the framework of particular
relations between State, Society and Higher Education. The institutional scientific policies of the UNS and the
institutional capacities in their technical-administrative and relational dimensions are characterized, based on
document analysis, statistical data and an interview with a key informant. In the first section, a historical tour of
the UNS is carried out with special attention to its research function. In the second, institutional scientific policies
are analyzed with a focus on the management structure and institutional instruments for the promotion of scientific
activity. The third section recovers the institutional evaluations on institutional capacities and the relationship with
other actors in the scientific-technological framework and the socio-productive environment and their role in
defining institutional research policies. Finally, in the final reflections, some obstacles are identified for the
development of institutional scientific policies in the UNS linked to the dependence on external financing, the
departmental academic structure and the evaluation mechanisms for the accreditation and financing of research
activities.
Key words University / Research / Institutional scientific policies / Institutional evaluation / National scientific
system.
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Introducción
2
La universidad como institución social se fue conformando históricamente como un espacio privilegiado para la
producción y transmisión de conocimientos considerados legítimos en el marco de particulares relaciones con el
Estado y la Sociedad.
En Argentina, las universidades nacionales constituyen actores fundamentales del sistema científico-tecnológico,
especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX cuando la investigación científica comienza a
desarrollarse casi exclusivamente en ellas. Más allá de la creación de algunos organismos de fomento y
financiamiento, este modelo operó hasta la década de 1950 cuando se institucionaliza la ciencia y la tecnología a
nivel nacional y regional. En este período el campo científico tecnológico cobra centralidad como sector estratégico
para la resolución del problema del desarrollo de la mano de la creación de organismos especializados (Picabea y
Garrido, 2015).
En ese contexto se crea la Universidad Nacional del Sur, octava universidad nacional del país ubicada en el sudoeste
de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur (ITS)
fundado en 1946, la UNS representa un modelo innovador de universidad regional basado en “la formación
científica, pero diversificada, de los recursos humanos -incluyendo la formación humanista, la estructura
departamental, en oposición al sistema de facultades y cátedras de las universidades tradicionales y la vinculación
de la universidad con el medio” (Rovelli, 2011).
Nacida bajo un ideario científico-tecnológico, la UNS contó con institutos de investigación de manera incipiente en
relación con la situación de otras universidades del país y se caracterizó por un desarrollo temprano de su política
científica institucional (Vasen, 2013) materializado en la creación en 1979 de una dependencia de ciencia y
tecnología. Además, en 1993 fue la primera universidad nacional en desarrollar un proceso de evaluación
institucional de sus distintas funciones institucionales y en 2010 fue la primera en someter a evaluación la función
específica de investigación y desarrollo (I+D) por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT).
El presente trabajo parte de considerar la triple articulación entre Estado, Universidad y Sociedad para analizar las
políticas científicas institucionales en un caso particular: la Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina. Se
entiende por ‘políticas científicas institucionales’ el conjunto integrado y orgánico de medidas tomadas desde una
universidad nacional para la promoción de la actividad científica y tecnológica, considerando que la dinámica de la
política científica en la universidad tiene componentes específicos relacionados con el peso de los actores que
participan y las identidades que la institución representa (Vasen, 2014). Como señala la literatura especializada, la
universidad como organización compleja representa un campo social con especificidades derivadas de la
multiplicidad de objetivos, morfología y estructura, formas de división del trabajo y distribución del poder, cultura
de los establecimientos y elementos que tienden a la integración y a la diversificación institucional (Krotsch, 2001).
Cada ámbito institucional particular posee o debe construir determinadas condiciones para alcanzar sus propósitos.
En este sentido, la categoría de ‘capacidad estatal’ resulta relevante para comprender el conjunto de condiciones
que contribuyen a garantizar la habilidad de los organismos del estado para el logro de los fines (resultados)
previstos (Bertranou, 2015). En el análisis que aquí se presenta, se recurre al concepto de “capacidades
institucionales universitarias” (Di Meglio, 2017) en tanto permite indagar las políticas de investigación en el ámbito
de la UNS atendiendo a las condiciones técnico-administrativas y relacional. Desde esta perspectiva, el análisis de
capacidades prioriza un mirada desde adentro de la organización estatal con foco en las estructuras institucionales
y sus funciones (dimensión institucional) y una mirada de la relación de la institución estatal con el entorno, el
vínculo universidad-sociedad (dimensión relacional) (Di Meglio, 2017).
2
El artículo se realizó en el marco del proyecto de investigación XXX financiado por la XXX.
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Para ello, el escrito se organiza en tres apartados. En el primero, se efectúa un recorrido por la génesis y el devenir
histórico de la UNS con especial atención a su función de investigación y desarrollo (I+D) en el marco de distintos
períodos políticos, sociales y económicos y la vinculación con su medio socio-productivo. El segundo apartado está
dedicado al análisis de las políticas institucionales de I+D de la UNS entendidas como parte del entramado de las
políticas públicas del sistema de ciencia y tecnología del país. A partir del análisis de normativas, estadísticas,
documentación institucional y entrevista a informante clave se focaliza en la estructura de gestión de la actividad
científica-tecnológica de la UNS y los instrumentos institucionales de promoción de la función de I+D. El tercer
apartado sistematiza información recogida en los informes producidos en los procesos de evaluación institucional
sobre la función de I+D de la UNS, especialmente los diagnósticos sobre las capacidades institucionales y la relación
con otros actores del entramado científico tecnológico y del medio socio-productivo y su papel en la definición de
las políticas institucionales de investigación. Por último, se presenta una serie de reflexiones finales sobre la
complejidad y las tensiones de la producción de conocimientos en el marco de los vínculos entre Universidad,
Estado y Sociedad. Para ello, se recupera el concepto de “libertad operativa” entendido como la configuración de
las capacidades de acción de los distintos actores y a los “márgenes de maniobra” de los que disponen para tomar
decisiones (Vasen, 2014).
1. La función de investigación en la Universidad Nacional del Sur desde una mirada socio-histórica
La referencia al origen de la Universidad Nacional del Sur (UNS) exige remitirnos hacia el año 1946 cuando se crea
el Instituto Tecnológico del Sur (ITS) de la ciudad de Bahía Blanca, dependiente de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), a través de la Ley Provincial Nº5051. El ITS inaugurado oficialmente en febrero de 1948 tuvo como
objetivo principal “propender a la investigación científica y a la formación profesional y técnica contemplando
sustancialmente las necesidades del pueblo argentino y de la Zona Sur en particular, sobre todo en su aspecto
económico social” (Weinberg, 1982:139). En 1952, el ITS se desvincula de la UNLP y se incorpora a la órbita de la
cartera de Educación.
Desde sus inicios, el Instituto presentó un perfil tecnológico que lo diferenciaba del resto de los centros
universitarios del país. Su orientación técnica y científica era congruente con el proyecto industrializador promovido
desde el gobierno nacional en el marco del Primer Plan Quinquenal. Sin embargo, la inexistencia de un cinturón
fabril en una ciudad cuya actividad económica se basaba en servicios comerciales y financieros, permite reconocer
que la necesidad de formar técnicos especializados para la industria respondió más a la influencia alcanzada por la
dirigencia local a nivel nacional que buscaba promover la industrias nacional que a la existencia de una demanda o
necesidad concreta de la región (Marcilese, 2006). Bajo ese ideario, las primeras tres carreras con las que contó el
ITS fueron Contador Público, Ingeniería Industrial y Química Industrial. Esta propuesta académica inicial se
complementó en 1951 con la puesta en marcha de la Escuela de Profesorado, que comprendía las especialidades
de Electromecánica, Ciencias Físico-Matemáticas, Química, Mineralogía y Geología y Letras. Por su perfil humanista
fue esta última carrera la que modificó la tendencia hasta entonces mantenida por la institución (Marcilese, 2006;
Soca y Di Bello, 2021).
En relación con la función de investigación, el ITS desarrolló actividades incipientes en el área de Química Aplicada
y Economía que fueron registradas en la primera y única publicación académica de la institución: la revista Técnica
y Economía, publicada entre 1949 y 1952. En sus primeras ediciones predominaron artículos de carácter técnico e
ingenieril (sobre la composición química de diversos elementos como el cobalto, aluminio, berilio, nitrógeno,
antimonio y magnesio) que fueron dando paso en los números posteriores a publicaciones sobre cuestiones
económicas (problemas de la economía mundial, análisis de ciclos económicos, la renta y el producto nacional, los
problemas del ahorro y la inversión) y la relación de la economía con las relaciones internacionales, el derecho, la
demografía y el desarrollo (Soca y Di Bello, 2021). Así, aunque incipientes, estas publicaciones constituyeron los
primeros pasos en la trayectoria de dos de las áreas de investigación con mayor desarrollo (Química y Ciencias
Económicas) de lo que luego sería la UNS. Paulatinamente en las últimas ediciones de la revista se acentuó la
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orientación hacia el entorno de los trabajos publicados y en 1950, la creación del Instituto de Economía Regional
buscó centralizar y materializar el compromiso del ITS con la producción y desarrollo económico de la región (Socca
y Di Bello, 2021).
En 1956, luego del derrocamiento de Perón y en el marco de la dictadura cívico-militar de Aramburu, el Poder
Ejecutivo resolvió la creación de la UNS mediante el Decreto-Ley Nº 154. Su primer rector fue el interventor Vicente
Fatone. La organización de la nueva universidad tuvo como marco el decreto-ley Nº 6.403 del 23 de diciembre de
1955, por el cual el gobierno militar había establecido las pautas de reestructuración de las universidades
nacionales.
La creación de la UNS se enmarca en lo que Krotsch (2001) denomina “segunda generación de reformas de la
educación superior” en nuestro país, caracterizada por orientaciones desarrollistas de carácter exógeno, dado el
modelo de universidad que promueve y los actores que intervienen en los procesos de transformación.
Como señalan Albornoz y Gordon (2011) se trata de un período caracterizado por políticas y procesos miméticos
consistentes en la transferencia de modelos institucionales y patrones culturales entre países. Bajo esta perspectiva
desarrollista que otorga centralidad al vínculo universidad-desarrollo, en Argentina fueron creados el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en 1957,
y en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) sobre la base del Consejo
Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITyC).
Este período de “modernización académica” de las instituciones universitarias se sustentó en una crítica legítima al
tradicional modelo napoleónico y se erigió sobre el modelo académico norteamericano basado en la estructura
organizacional departamental, el acortamiento de carreras, el desarrollo del posgrado, la promoción de la
investigación y el mejoramiento de la gestión (Krotsch, 2001). Como sostiene Rovelli (2011), la creación de la UNS
formó parte de un modelo universitario innovador centrado en la idea de “universidad regional” que contemplaba
la formación científica, pero diversificada, de los recursos humanos -incluyendo la formación humanista-, la
estructura departamental en oposición al sistema de facultades y cátedras de las universidades tradicionales y la
vinculación de la universidad con el medio de acuerdo a sus necesidades. Como se plantea en el Estatuto de la UNS,
se opta por la estructura departamental para brindar mayor cohesión a la estructura universitaria y lograr economía
de esfuerzos y de medios materiales. Así, la estructura académica inicial de la UNS estuvo compuesta por los
Departamentos de Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, Humanidades, Ingeniería, Matemática y
Química.
El perfil científico que caracteriza a la UNS desde sus inicios, basado en la promoción del saber técnico científico
como base para la provisión de recursos humanos en sectores estratégicos de la economía (Soca y Di Bello, 2021),
incluyó la creación de institutos de investigación en una forma temprana en el país con respecto a muchas otras
universidades. Entre febrero de 1956 y marzo de 1957, bajo la impronta reformista de Fatone, se crearon los
institutos de Humanidades, Economía, Edafología e Hidrología, Matemática, Ingeniería y Oceanográfico. Sobre la
base de este último, interesado en la investigación del entorno marítimo, y a través de un convenio con el CONICET
y la Armada Argentina, se creó el 23 de junio de 1969 el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) que
actualmente depende del Conicet y de la UNS. En 1963 se creó la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI),
radicada inicialmente el Departamento de Química, como un centro de investigación dependiente de la Universidad
y el CONICET dedicado al estudio de la tecnología de separación de los gases licuados y las materias petroquímicas
del gas natural. A finales de la década de 1970, PLAPIQUI inició trabajos conjuntos con dependencias del Estado
nacional y empresas privadas para la radicación de un polo petroquímico en la ciudad. A través del Programa de
Investigación y Desarrollo del Complejo Petroquímico Bahía Blanca (PIDCOP) financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, PLAPIQUI proveyó de profesionales a las plantas, brindó capacitaciones y
entrenamiento al personal y suministró servicios de asistencia técnica. En 1979 se crea el posgrado en Ingeniería
Química. Por su parte, en 1975 se fundó el Instituto de Mecánica Aplicada (IMA), dependiente CONICET y del
Servicio Naval de Investigación y Desarrollo de la Armada Argentina, que funcionaba en la Base Naval Puerto
Belgrano. En el año 2000, el IMA comienza a depender únicamente de la UNS (Cernadas de Bulnes, 2006).
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En la definición de las primeras líneas y grupos de investigación de la UNS coexistieron criterios y objetivos diversos.
Como detallan Soca y Di Bello (2021), en el área Agrícola Ganadera primó la demanda regional mientras que la
demanda de instituciones comerciales y financieras locales promovió la creación de la carrera de Contador Público
y las primeras publicaciones en este campo de conocimiento. En el surgimiento del área de Oceanografía e
Ingeniería Química se evidencia la influencia de la política nacional interesada en impulsar su desarrollo estratégico.
Además, ciertos núcleos de investigación, como son el área de Matemática y Electrónica responden a la necesidad
de ampliar la planta docente de la UNS. Así, más que un objetivo programático o una política de priorización, en la
conformación de los primeros núcleos de investigación de la UNS convivieron diferentes propósitos que van desde
un alineamiento con las demandas del gobierno nacional hasta la orientación hacia los problemas socio productivos
de la región, pasando por las capacidades y trayectorias previas de su cuerpo académico y la inercia institucional
asentada en la continuidad con algunos aspectos del ITS (Soca y Di Bello, 2021).
En 1975 se inicia una etapa sombría para la UNS con la designación de Remus Tetu como rector, cesantías de
docentes y no docentes, cierre de inscripciones en carreras de ciencias sociales, la clausura en 1975 del Instituto de
Humanidades -cuya reapertura se aprobó en el año 2021-, detenciones, persecuciones y asesinatos a estudiantes
que se intensificaron con el golpe de Estado de 1976. Con el inicio de la más atroz dictadura cívico-eclesiástico-
militar, se designó como interventor militar de la UNS al capitán de navío Raúl J. González fortaleciéndose la
estrecha relación que la institución ya mantenía con las fuerzas armadas participando de la trama cívico militar de
la represión en Bahía Blanca
3
.
Durante el período dictatorial a nivel nacional se produjeron acciones directas para contraer el campo universitario
y expandir selectivamente otros espacios de investigación en el CONICET. Las universidades fueron intervenidas
militarmente, diezmadas en su actividad de investigación con cesantías, expulsiones, persecusiones al personal y
cierre de institutos y carreras. Asimismo, se asistió a una transferencia de recursos desde las universidades hacia el
Consejo. El CONICET incrementó su personal, multiplicó el número de institutos e implementó un programa de
descentralización a través de la creación de los Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica en el
interior del país. Dicha política autoritaria fue sostenida en gran medida con un préstamo del Bando Interamericano
de Desarrollo (BID) obtenido en 1979 (Algañaraz y Bekerman, 2014).
A principios de 1978, se crea en el ámbito de la UNS un Consejo de Ciencia y Técnica con el objetivo de asesorar al
rectorado y definir la política científica y tecnológica de la institución. El nuevo organismo estaría dedicado a
coordinar las actividades con las dependencias superiores del Estado nacional y provincial dedicadas a ello, así como
a afianzar la labor de los grupos de trabajo y promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología
en el ámbito de la universidad. Además, dicho Consejo tendría a su cargo proponer las prioridades en investigación
de la UNS, elaborar una alternativa de presupuesto para la actividad, distribuir los fondos, otorgar becas y subsidios
y aprobar en conjunto con los Departamentos los proyectos de investigación presentados.
En noviembre de 1978 el CONICET crea el Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca
(CRIBABB) con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo. Su tarea era prestar servicios técnicos y
administrativos a los institutos de investigación del sistema científico académico de Bahía Blanca y la región, en
particular los de la UNS y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB-UTN). Inicialmente, el
CRIBABB agrupaba en sus instalaciones al IADO, a PLAPIQUI, al Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía
Blanca (IIBB) y al Instituto de Matemática de Bahía Blanca (INMAB). En 1980 la UNS y el CONICET firmaron un
acuerdo para la creación del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), que funcionó
inicialmente en el Departamento de Ciencias Naturales y posteriormente se integró al CRIBABB. Este conglomerado
resultó ser una base importante para el nacimiento y desarrollo del Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía
Blanca (CCT Bahía Blanca), que junto a su correspondiente Unidad de Administración Territorial (UAT), fueron
creados por la resolución Nº 1447 del directorio del CONICET el 13 de junio del 2007. Así, se conformó una
3
Para un mayor desarrollo del tema se recomienda la lectura de la tesis doctoral de María Lorena Montero (2017) “La Universidad Nacional
del Sur y la trama cívico militar de la represión en Bahía Blanca (1975-1983)”. Disponible en:
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4478
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estructura funcional que responde a una nueva estrategia del CONICET para la organización de institutos de
investigación y centros de servicios, en virtud de lograr la federalización de la ciencia argentina. A la fecha el CCT
Bahía Blanca cuenta con trece Unidades Divisionales (doce Unidades Ejecutoras y una Unidad de Administración
Territorial).
Con el retorno a la democracia en 1983, y tras un difícil proceso de normalización universitaria, las instituciones
comenzaron la tarea de recuperación de su papel como espacios de producción de conocimiento luego de estrictos
controles ideológicos, particularmente en las ciencias sociales, que determinaron el exilio de muchos científicos y,
en algunos casos, el traslado a espacios de CONICET, que se consideraban alejados del potencial “subversivo” del
ámbito universitario (Bekerman, 2010). Así, en el período de reconstrucción democrática que se extiende entre
1983 y 1989 el eje rector de las políticas científicas fue la democratización de las instituciones del sector en un
contexto caracterizado por la misma tónica en la vida pública del país (Albornoz y Gordon, 2011). En este escenario,
las universidades nacionales comienzan a tener una política científica propia, crean secretarías de ciencia y
tecnología e inician algunas de ellas programas de subsidios. Comienzan a delinearse lo que Vasen (2013) denomina
“políticas científicas institucionales”, dirigidas a los investigadores de las propias universidades. Como se vio, la UNS
inició más tempranamente el desarrollo de esta política científica institucional con la creación en 1979 de lo que
actualmente se denomina Secretaría General de Ciencia y Tecnología (SGCyT). Este desarrollo temprano estuvo
marcado por la estrecha vinculación que desde sus inicios mantuvo la universidad con las fuerzas armadas para el
desarrollo de la función de investigación.
En 1984 la celebración de las jornadas “La Universidad y el medio” reunió en la UNS a los rectores normalizadores
de las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires. Dicho evento sentó las bases para la firma
de un acuerdo entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) y las
universidades públicas con sede en la provincia de Buenos Aires para crear un sistema de intercambio de
investigadores, profesores, becarios y equipos (Cernadas de Bulnes, 2006).
En el ámbito nacional, la década de 1990 significó un período de profundos cambios políticos, sociales,
económicos y culturales impulsados, como en los demás países de la región, por tendencias mundiales de
orientación neoliberal y neoconservadora. Las lógicas que orientaron el modelo de Estado neoliberal, en el marco
de lo que se denomina “segunda reforma del Estado” (Ozslak, 1999), se hicieron presentes también en el campo
científico-tecnológico y el campo universitario en particular. Se asistió a una ‘tercera generación’ de reformas de la
educación superior (Krostch, 2002) en las que se priorizaron los problemas de la evaluación de la calidad y la
eficiencia impulsadas por organismos internacionales de financiamiento provocando profundas transformaciones
en las dinámicas del sector, las formas de organización de las instituciones y las prácticas de los actores.
Como sostienen Albornoz y Gordon (2011), el sincretismo ideológico y la afinidad con los lineamientos de los
organismos internacionales de financiamiento durante los gobiernos menemistas, promovieron un vuelco hacia
políticas con mayor homologación internacional, bajo la impronta de la innovación y el modelo referencial del
sistema nacional de innovación. En lo que los autores reconocen como las dos etapas de las políticas científicas de
este período neoliberal en Argentina (etapa de reacción tradicionalista 1989-1996 y modernización-tecnocrática
1996-1999) se tomó una serie de medidas novedosas para el sector. En 1990 se aprobó la Ley 23.877, de Promoción
y Fomento de la Innovación Tecnológica, que fue sancionada en 1992 por el decreto 508/92. La ley generó una
innovación institucional al crear la figura de las unidades de vinculación tecnológica (UVT). Estas fueron definidas
como entes no estatales constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de I+D,
transmisión de tecnología y asistencia técnica. En 1991 se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) a través del Decreto Nº 995/91. En 1993 se crea la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) a través del
Decreto 506/93, y ese mismo año se estableció bajo su órbita la implementación del Programa de Incentivos a
Docentes Investigadores, de acuerdo al Decreto 2427/93. También en 1993 comienza a implementarse el Programa
de Modernización Tecnológica (PMT) cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en 1997
pasa a la órbita de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) creada a través del Decreto
1660/96. La creación de la ANPCYT en 1996 es, según Albornoz (2007), la novedad de mayor trascendencia que
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buscó separar las funciones de promoción y ejecución de las actividades científicas y tecnológicas, a través de la
concentración en un organismo de los distintos instrumentos promocionales y de financiación que se encontraban
dispersos en distintas jurisdicciones.
Un hito fundamental de este período para el campo de la educación superior lo constituye la sanción de la Ley de
Educación Superior (LES) Nº 24521 en 1995, normativa que promovió cambios orientados a la diferenciación
institucional y del mercado académico y legalizó la evaluación con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) puesta en marcha en 1996 y que entre sus funciones, incluyó las atribuidas
a la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) creada por el Ministerio de Educación a finales de 1994. En este
escenario, en línea con las políticas nacionales del momento y zigzagueando las resistencias del conjunto de la
comunidad universitaria nacional, la UNS inició en 1993 un proceso de evaluación interna y externa a partir de la
firma de un convenio con el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) para el Mejoramiento de la Calidad
Universitaria (Res. CU 187/93). Esto la convirtió, junto con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral (en ese momento aún provincial), en una de las universidades nacionales pioneras en
desarrollar procesos de evaluación institucional. La UNS fue la primera universidad en iniciar y finalizar este tipo de
evaluación, promovida por la SPU antes de la sanción de la LES 24.521/95 que la convirtió en obligatoria bajo la
órbita de la CONEAU.
El período 2000-2001 en Argentina estuvo signado por una profunda crisis económica, política y social que no hizo
posible la formulación de una nueva agenda de políticas diferenciada de la que imperó en la década de 1990, más
allá de algunas iniciativas como la sanción de la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno
de la Alianza.
En el período 2003-2015 las actividades de I+D ocuparon la primera línea de una política nacional decidida a
recuperar un proyecto de país industrial (Hurtado, 2015). Durante los gobiernos kirchneristas, se asistió a un
cambio de dirección en las políticas públicas que es expresión de un papel diferente asumido por el Estado
y de nuevas relaciones entre éste, la sociedad y las instituciones y organismos del entramado científico-tecnológico.
Se trató de un período caracterizado por avances en el sector con respecto al período anterior como el aumento
sostenido de presupuesto a las universidades y al área de Ciencia y Técnica y su jerarquización a partir
de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) en reemplazo de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CECyT). En 2012 el MINCyT reemplazó el Plan Estratégico
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Bicentenario (2006-2010) por el Plan Nacional Argentina Innovadora
2020 que definió seis grandes áreas prioritarias: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social,
energía, industria y salud.
En 2005, en el marco de la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), fue creado el Programa de Evaluación
Institucional (PEI) que a partir de 2007 pasó a estar bajo la órbita de la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos
Institucionales (DINOPI), dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del MINCyT. Dicho programa
fue creado con el objetivo de desarrollar actividades sistemáticas de evaluación y mejoramiento de los organismos
que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Como señalan Kupervaser y
Corengia (2022), las universidades no eran parte de las instituciones destinatarias del programa originalmente y,
sin embargo, se incluyeron por iniciativa propia. Fueron precisamente la UNS y la Universidad Nacional de Cuyo
(pioneras en participar en los procesos de evaluación institucional) las que solicitaron a través de sus autoridades
participar del Programa. En el caso de la UNS, entre las motivaciones para incorporarse al PEI se destaca el trabajo
de evaluación iniciado los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) de CONICET que en Bahía Blanca el 90% era de
doble dependencia con la UNS
4
. Así, en este escenario la UNS fue la primera universidad argentina en participar en
el año 2010 del PEI dependiente del MINCyT con el objeto de que se evalúe específicamente su función de I+D.
4
En el artículo referenciado, pueden encontrarse extractos de entrevistas con informantes clave de la DINOPI que muestran la motivación
para la adhesión institucional de la UNS al PEI.
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El período 2015-2019 estuvo signado a nivel nacional por políticas de desfinanciamiento del sistema científico-
tecnológico, de equiparación de los sectores universitarios público y privado y por una fuerte narrativa antiestatal
(Aliaga, 2019; Perrota, 2020) en el marco de las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos. La decisión de
recuperación de la inversión en I+D y la promoción de las políticas científicas tecnológicas para el país previstas con
el cambio de gobierno en diciembre de 2020 tuvieron como principal objeto los nuevos problemas derivados del
contexto de pandemia.
2. Las políticas científicas institucionales en la Universidad Nacional del Sur
Actualmente la UNS cuenta con diecisiete Departamentos, 30.929 estudiantes regulares, 2.640 docentes y 3.315
cargos docentes y 592 no-docentes (Anuario UNS, 2021). Posee una administración centralizada presidida por el
Rector, quien cuenta con el apoyo de ocho Secretarías Generales, entre ellas la Secretaría General de Ciencia y
Tecnología (SGCyT) que es la instancia encargada de la administración de la actividad científico-tecnológica en el
ámbito de la institución.
La SGCyT cuenta con el asesoramiento de un cuerpo consultor colegiado denominado Consejo Asesor de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CAICyT), constituido por representantes de cada Departamento, de la
Secretaría General de Posgrado y Educación Continua y de los Institutos de Investigación con convenio UNS-
CONICET. Uno de los aspectos problemáticos de esta composición es la doble representación de aquellos
departamentos que poseen institutos de investigación, tal como se señala en el Informe de Evaluación Externa de
la Función de Investigación y Desarrollo de la UNS (2011) realizada en el marco del Programa de Evaluación
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MCTeIP). Allí se señala que “existen
representaciones dobles de aquellos departamentos que poseen institutos en su seno, representación desigual que
se recomienda corregir” (MCTeIP, 2011: 11).
En el marco de la estructura organizativa de la SGCyT de la UNS, se despliega un conjunto de instrumentos de
política científica para la promoción de la función institucional de I+D. Estas iniciativas podrían agruparse en tres
grandes grupos: a) estímulo a la formación y las trayectorias individuales, a través del otorgamiento de becas; b)
subsidios para propuestas grupales de investigación, a través del financiamiento de proyectos; y, c) apoyo a
distintas actividades para el desarrollo de la investigación, como financiamiento a publicaciones periódicas,
adquisición de equipamiento, realización de eventos académicos, etc.
De manera detallada, los programas y líneas de acción que actualmente tienden a promover la investigación en la
UNS son: Becas de iniciación a la investigación para graduadas/os y estudiantes avanzadas/os, Pasantías de jóvenes
docentes investigadoras/es en centros de investigación nacionales e internacionales, Apoyo a estudios de posgrado,
Apoyo a las publicaciones periódicas propias, Apoyo para la realización de reuniones científicas en la UNS, Proyectos
de Grupos de Investigación (PGI), Proyectos de Grupos de Investigación en Temáticas de Interés Regional (PGI TIR),
Adquisición de grandes equipos y Programa de Apoyo a las Ciencias Sociales (PROSOC).
Con respecto a las becas, según las Res. CSU 220/20 y 229/21 en las últimas convocatorias la disponibilidad
presupuestaria permitió otorgar 20 (veinte) Becas internas de introducción a la investigación para alumnas/os
avanzadas/os, con una duración de 10 meses y 10 (diez) Becas internas de iniciación a la investigación para
egresadas/os por un período de un año. Teniendo en cuenta ambas convocatorias, en la modalidad estudiantes
avanzadas/os se otorgó un 35% y en la de egresadas/os un 20% del total de postulaciones. Es preciso señalar que
de las becas otorgadas a egresadas/os, apenas un 25% corresponde al área de Ciencias Sociales mientras que las
restantes forman parte de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingenierías.
Como parte del segundo grupo de iniciativas de promoción científica institucionales, la UNS convoca anualmente a
la presentación de Proyectos de Grupos de Investigación (PGI) con el propósito de financiar proyectos en los cuales
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se propone el desarrollo de investigaciones científicas o tecnológicas relevantes. Los PGI son definidos como “una
propuesta con objetivos a obtener, mediante una metodología expresa, apoyados en hipótesis de trabajo
razonables, con recursos y un tiempo de ejecución estimados” (Res. CSU 345/15). Si se tiene en cuenta la totalidad
de PGI que se encuentran en curso en la UNS (361 al año 2021 según datos oficiales de la SGCyT) se observa una
clara prevalencia de temáticas vinculadas a las áreas de ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales y Ciencias
Biológicas y de la Salud por sobre las grandes áreas de Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y
Humanidades, lo cual se condice con el histórico perfil científico-tecnológico de la UNS. Los subsidios económicos
para PGI son otorgados indirectamente y de manera competitiva, ya que los montos se asignan a cada
Departamento y éste los distribuye utilizando un modelo establecido desde 1995 por Res. CSU 0543/95. Dicho
mecanismo consiste en una serie de coeficientes de producción de publicaciones, formación de recursos humanos,
cantidad de patentes y otras transferencias que genera no sólo distorsiones en el largo plazo, sino que hace que los
grupos (y departamentos) consolidados tengan una mayor participación en la asignación de recursos en detrimento
del surgimiento de nuevos grupos, áreas temáticas o proyectos estratégicos (CONEAU, 2004). Como señaló el
informante clave entrevistado, se genera una suerte de Efecto Mateo según el cual reciben más quienes se
encuentran en mejores condiciones.
Por otra parte, la UNS implementa desde el año 2004 un programa de apoyo a Proyectos de Grupos de Investigación
en Temas de Interés Regional (PGI-TIR) con el propósito de contribuir al desarrollo social y productivo de la región.
Los PGI-TIR, de carácter bianual, se financian de manera conjunta con entidades adoptantes y/o demandantes
mediante la asignación de fondos y/o de recursos. En el caso de entidades privadas la cofinanciación deberá incluir
aportes de fondos. Tal como se señala en el documento sobre las bases y condiciones de la convocatoria para PGI-
TIR (Res. CSU 630/19), la UNS busca fomentar proyectos interdisciplinarios, aunque este requisito no es excluyente,
y pretende contribuir con la formación de los recursos humanos, pudiéndose incluir una beca de alumno avanzado.
La evaluación de la pertinencia del proyecto incluye criterios como: impacto regional del proyecto, factibilidad de
la transferencia y abordaje interdisciplinario de la propuesta. Un aspecto a señalar es que las bases y condiciones
de la convocatoria PGI-TIR fueron actualizadas en 2019 (Res. CSU 630/19) para que incluyan nuevos instrumentos
de gestión de la transferencia como los convenios de I+D, la propiedad de los resultados y el banco de PDTS,
actividades que se realizan en el ámbito de la SSVT. Además, se definieron cinco (5) líneas prioritarias: 1. Ambiente
y sustentabilidad; 2. Energías Renovables y no Renovables; 3. Biotecnología y agroalimentos; 4. Desarrollo de bienes
y servicios industriales y 5. Tecnologías para la inclusión, en línea con las orientaciones del Plan Nacional Argentina
Innovadora 2020. En la última convocatoria (PGI-TIR 2019), el presupuesto disponible permitió financiar cinco de
las 18 propuestas recibidas, las cuales se enmarcan en dos de las líneas de trabajo prioritarias: Ambiente y
sustentabilidad y Biotecnología y agro-alimentos (Res. CSU 455/20).
Finalmente, como parte del tercer grupo de iniciativas, la UNS convoca periódicamente a concurso de propuestas
para la adquisición de grandes equipos de uso común a varios grupos de investigación, departamentos o áreas de
la institución. También cuenta con el programa anual de Apoyo a las Publicaciones Periódicas Propias de la UNS a
través del cual colabora en la financiación de la edición de revistas de difusión científica-tecnológica. En este
programa se establecen dos categorías, publicaciones nuevas y con continuidad de financiamiento de la SGCyT.
Además, la línea de subsidios destinados a la organización y realización de reuniones científicas en el ámbito de la
UNS. Cabe señalar que en la convocatoria 2020 se financiaron aquellos eventos cuyos responsables determinaron
realizarlos de manera virtual en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo a la información
proporcionada por las distintas unidades académicas, los fondos provenientes del PROSOC se utilizan para el
desarrollo de cursos, publicaciones departamentales y firmas de convenios internacionales.
Como ya se mencionó, la UNS mantiene una importante articulación con organismos nacionales y provinciales de
promoción de la ciencia. En el caso del CONICET, existe una histórica relación que se evidencia en la existencia de
institutos de doble dependencia con una antigüedad de más de cincuenta años. En el año 2007 la creación del
Centro Científico Tecnológico Bahía Blanca (CCT-BB), ex CRIBABB, conjuntamente con su Unidad de Administración
Territorial (UAT), por Resolución del Nº 1447, permitió conformar una estructura funcional estratégica para la
organización de institutos de investigación y centros de servicios, con el propósito de contribuir a la federalización
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de la ciencia argentina. Además, ese mismo año se firmó el convenio marco CONICET-UNS (Res. CSU 335/2007),
que permitió articular la creación de institutos (Unidades Ejecutoras) de doble dependencia entre ambas
instituciones, que en la actualidad son doce (ver Cuadro Nº1).
Cuadro Nº1: Institutos de doble dependencia UNS-CONICET
Instituto
Creación
CERZOS
Centro de Recursos Naturales Renovables
de la Zona Semiárida
1980. Convenio Departamento de Agronomía, UNS-CONICET. Integra
CCT-BB.
IADO
Instituto Argentino de Oceanografía
1969. Convenio CONICET, UNS y Armada Argentina, sobre la base del
Instituto Oceanográfico creado por la UNS en 1957.
Integra CCT-BB.
ICIC
Instituto de Ciencias e Ingeniería de la
Computación
2015. Creación como Unidad Ejecutora de doble dependencia UNS-
CONICET, sobre la base del trabajo de investigación desarrollado en el
Departamento de Ciencias e Ingeniería en Computación. Integra CCT-BB.
IFISUR
Instituto de Física del Sur
2008. Creación por la Asamblea Universitaria UNS sobre la base de las
actividades de investigación del Departamento de Física.
2010. Reconocido como Unidad Ejecutora de doble dependencia UNS-
CONICET. Integra CCT-BB.
IIESS
Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales del Sur
1957. Instituto de Economía del Departamento de Economía.
2010. Reconocido como Unidad Ejecutora de doble dependencia del UNS-
CONICET. Integra CCT-BB.
IIIE
Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Eléctrica
1997. Creación por la Asamblea Universitaria.
2007. Reconocido como instituto de doble dependencia UNS-CONICET.
Integra el CCT-BB.
INBIOSUR
Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas
del Sur
2013. Creación como UE de doble dependencia UNS-CONICET. Integra
CCT-BB.
INGEOSUR
Instituto Geológico del Sur
1994. Creación por el CSU de la UNS por iniciativa de grupos de
investigación del Departamento de Geología.
2006. Reconocido como Unidad Ejecutora de doble dependencia UNS-
CONICET. Integra CCT-BB.
INIBIBB
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de
Bahía Blanca
1970. Creación en el seno de la UNS.
Es reconocido como instituto de doble dependencia UNS-CONICET.
Integra CCT-BB.
INMABB
Instituto de Matemática de Bahía Blanca
1956. Creación por la UNS.
1973. Se reconoce como instituto de doble dependencia UNS-CONICET.
Integra el CCT-BB.
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INQUISUR
Instituto de Química del Sur
2007. Creación por la Asamblea Universitaria de la UNS.
2009. Reconocido como UE de doble dependencia UNS-CONICET. Integra
CCT-BB.
PLAPIQUI
Planta Piloto de Ingeniería Química
1963. Creación por iniciativa del Departamento de Química e Ingeniería
Química de la UNS.
1973. Reconocido como instituto de doble dependencia UNS-CONICET.
Integra el CCT-BB.
Fuente: Elaboración propia.
El nuevo marco normativo dio lugar a un crecimiento importante de unidades ejecutoras, la incorporación de
nuevas disciplinas y el crecimiento del número de investigadores. Un informe elaborado por la SGCyT (2020) sobre
la base de tres fuentes de información (SIU Mapuche, SIGEVA UNS y datos CONICET CCT Bahía Blanca) indica que
del personal de la UNS, 1.153 realizan tareas de investigación. El CONICET reporta 1.004 personas con lugar de
trabajo en el CCT Bahía Blanca. Del personal del CONICET, 634 personas tienen cargo docente en la UNS mientras
que 370 son personal del CONICET exclusivamente. Del personal de la UNS 1.476 personas integran proyectos de
investigación PGI, mientras que 622 son de otras instituciones (Ver Gráfico Nº1).
Gráfico 1: Personas dedicadas a I+D en el ámbito de la UNS
Fuente: Informe ‘La investigación en la UNS’, SGCyT-UNS, 2020.
Como señala Aliaga (2019), el entramado CONICET-universidades nacionales concentra la mayor parte del
personal del SNCyT. El CONICET ocupa un lugar destacado en el ecosistema científico nacional al constituir una de
las principales agencias financiadoras de la investigación científica y tecnológica, con unidades ejecutoras y recursos
humanos en el ámbito específico, aunque no exclusivo, de las universidades nacionales. A través de políticas de
vinculación entre el sector científico-universitario y el productivo, el Consejo procuró recomponer las relaciones
deterioradas por la última dictadura militar con las universidades nacionales (Hurtado, 2015; Rovelli, 2017).
1130
168
622
202
597
897
37
Personal CONICET
1.004
Docentes UNS
2.640
Personas en PGI
2.307
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Por otra parte, cabe señalar que la estructura organizativa de la UNS refleja la distinción entre extensión y
transferencia que en cuanto a la vinculación de la universidad con el medio, identifican las producciones teóricas
sobre el tema junto con las características diferenciales que ambas funciones vienen adquiriendo en los últimos
años. Así, las actividades de extensión se mantienen más ligadas a la visión tradicional mientras que la transferencia
se asimila generalmente a aspectos tecnológicos. Esta distinción se plasma en el ámbito de la UNS en la existencia
de una Subsecretaría de Vinculación Tecnológica (SSVT), con dependencia directa de la SGCyT, y una Secretaría
General de Cultura y Extensión Universitaria (SGCyExU).
La SSVT, dependiente de la SGCyT, fue creada en el año 2007 por Res. CSU 46/07
con el propósito de promover las
capacidades técnicas de la UNS, la transferencia de los resultados de la investigación científica y tecnológica, y la
representación de la universidad en la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales (RedVITEC),
creada en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por medio del Acuerdo Plenario Nº 497/03. Ya en
el Plan Institucional 2005-2007, la UNS planteó entre sus objetivos institucionales el fortalecimiento de actividades
de investigación, extensión y vinculación tecnológica que fortalezcan su proyección regional y nacional. En ese
contexto, la creación de la SSVT en el año 2007 responde a la necesidad de contar con un órgano ejecutor de las
políticas de promoción de las capacidades técnicas de la universidad y la transferencia de los resultados de la
investigación científica y tecnológica. Así, la SSVT surge de una reestructuración organizativa de la UNS (CSU-46/07)
y representa un punto de encuentro entre la universidad y la sociedad, especialmente el sector empresarial, tal
como se afirma en el documento “Funciones y fundamentos de la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica” (2007).
Entre las distintas funciones de la SSVT, se encuentra la gestión y protección de derechos intelectuales de las
actividades científico-tecnológicas y culturales susceptibles de generar beneficios económicos. Para ello, la
Fundación de la Universidad Nacional del Sur (FUNS) y la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico
(FUNDASUR) creada en el seno del ex Departamento de Química e Ingeniería Química, actúan como entidad de
interfase y de administración de fondos externos de I+D+i. Ambas Fundaciones son reconocidas como Unidades de
Vinculación Tecnológica (UVT) por la UNS y el CONICET.
La FUNDASUR fue creada en 1979 con el objetivo estatutario de promover y colaborar con actividades educativas,
científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo de la ciudad de Bahía Blanca y la región. En el cumplimiento
de este propósito, FUNDASUR acompañó permanentemente el desarrollo de PLAPIQUI y el PIDCOP, descritos en el
primer apartado. En 1994 FUNDASUR fue reconocida como tal en el marco de la Ley 23.877 de "Promoción y
Fomento de la Innovación Tecnológica", mediante Resolución N° 105/94 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
la Nación. A partir de entonces consolida su rol en el marco de esta Ley, de la cual fue precedente y modelo de
referencia. FUNDASUR actúa como UVT en representación propia o de institutos, investigadores o UE en general,
pertenecientes al CONICET, que la ha designado como una de sus unidades de vinculación. Facilita las actividades
de vinculación que involucran a Investigadores del CCT CONICET BB y UNS con el sector privado, organismos
públicos o el mismo sector científico que requieren de asistencias técnicas, análisis y /o desarrollos.
Por su parte, la FUNS es una entidad sin fines de lucro definida como UVT, en los términos de la Ley 23.877 de 1990.
Fue creada por la UNS en el año 1993 (Res. CU 242/93) como nexo entre el sistema científico tecnológico con los
sectores productivo y de servicios de los sectores público y privado que demandan la incorporación de
conocimientos. La FUNS como UTV tiene la capacidad de canalizar e instrumentar distintas formas de vinculación
entre la comunidad científica y el medio socio productivo. Entre las actividades que desarrolla se encuentran
capacitación, asesoramiento y consultoría, investigación y desarrollo, gestión tecnológica, asistencia técnica y
servicios, auditoría, desarrollos de innovación tecnológica y administración de proyectos.
La FUNS es la encargada de la facturación de los servicios tecnológicos a terceros que realizan los Departamentos
Académicos de la UNS. De acuerdo con la información proporcionada por la última autoevaluación institucional, los
Departamentos con mayor facturación por servicios a terceros en el ámbito de la UNS son Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Computadoras, Departamento de Ingeniería y Departamento de Ingeniería Química. La
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facturación de estas tres unidades académicas del campo de las Ingenierías representan más de la mitad (54%) de
la facturación total de la UNS (CONEAU, 2010).
Por otra parte, la SSVT es la encargada en el ámbito de la UNS de recibir las propuestas del MINCyT de Proyectos
de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) que cumplan con los requisitos para su incorporación en el Banco Nacional
de PDTS y para gestionar su incorporación. Según el listado disponible en el Banco de PDTS del MINCyT
5
, de un total
de 488 PDTS, la UNS ha participado en 15 proyectos interinstitucionales desde el año 2011. La mayoría de ellos
correspondientes a las áreas de conocimiento de Ingenierías y Tecnologías e Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Finalmente, cabe mencionar que el compromiso social de la UNS en el contexto de emergencia sanitaria y su aporte
al desarrollo de conocimientos para combatir el COVID-19 puede reconocerse en dos tipos de actuaciones
institucionales que reafirman la distinción entre actividades de extensión y transferencia que se plasman en su
estructura organizativa, tal como se planteó en la primera parte de esta sección.
Por un lado, las iniciativas institucionales destinadas al abordaje de los efectos directos e indirectos de la crisis
derivada del COVID-19 fueron organizadas por la Subsecretaría de Extensión Universitaria (SSExU) dependiente de
la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria (SGCyExU). Como parte de la convocatoria extraordinaria
“PEUCovid-19. La UNS y su compromiso en la emergencia”, el CSU aprobó la implementación y el financiamiento
con presupuesto propio cercano al millón de pesos, de 31 proyectos sociales de un año de duración y de los que
participaron 420 estudiantes y 171 docentes de distintas disciplinas. Con respecto a las actividades de I+D, la UNS
participó en dos de los sesenta y cuatro proyectos de investigación seleccionados en la convocatoria de la Agencia
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) para el financiamiento
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a
la pandemia en la Argentina ya sea del diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros
aspectos relacionados con COVID-19. En uno de los proyectos participaron docentes investigadoras/es del
Departamento de Química y el Instituto de Química del Sur (INQUISUR, UNS-CONICET) con el objetivo de desarrollar
geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de y en el otro investigadoras/es del Departamento
de Ingeniería Eléctrica y Computadoras y del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE, UNS-CONICET).
Finalmente, puede mencionarse dos documentos de trabajo “La investigación en ciencias sociales en tiempos de la
pandemia por COVID-19 y “La investigación en ciencias sociales en tiempos de pandemia: cuatro meses de
cuarentena” publicados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS, UNS-CONICET) en
mayo y julio de 2020, respectivamente.
3. La evaluación de la función de investigación en la Universidad Nacional del Sur
Como ya se mencionó, la UNS es una de las universidades nacionales pioneras en el desarrollo de procesos de
evaluación institucional. La primera evaluación interna data del año 1993 a la que le sigue, en 1995, la primera
evaluación externa que concluyó antes de la sanción de la LES. El segundo proceso de evaluación (interna y externa)
llevado a cabo por la CONEAU se desarrolló entre 1999-2004 y el tercero durante el período 2007-2013. Además,
fue la primera universidad argentina en someter a evaluación la función de I+D a través de su participación en el
Programa de Evaluación Institucional (PEI) del MINCyT en el año 2010.
Una mirada a los distintos informes de evaluación permite identificar algunos rasgos de la política científica
institucional de la UNS. En el presente apartado interesa puntualizar en las valoraciones de las capacidades
institucionales en su dimensión técnico-administrativa u organizativa y relacional. Es decir, en la evaluación de la
estructura, recursos e instrumentos de la función de investigación y la relación con otros actores -del entramado
científico tecnológico y del medio socio-productivo- en la definición de líneas prioritarias de investigación. La
5
https://bancopdts.mincyt.gob.ar/proyectos/bancoPdts.zul
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cuestión de la naturaleza de las políticas científicas de vinculación con el medio de la UNS y el debate entre la
definición de áreas prioritarias y la defensa de la libertad de investigación atraviesa a la institución desde sus
orígenes si se tiene en cuenta los cambios y continuidades en materia de temas y proyectos de investigación entre
el ITS y la UNS (Soca y Di Bello, 2021), señalados en el primer apartado.
Con respecto a la dimensión organizacional de las capacidades institucionales de la UNS para la promoción de la
función de I+D, la mayoría de las líneas de acción que desarrolla la SGCyT (becas, subsidios a PGI, PGI-TIR, PROSOC,
etc.) están consolidadas y son valoradas por la comunidad científica de la institución, si bien se reconoce el bajo
nivel de presupuesto destinado a ellas y la necesidad de incrementar los montos de subsidios y ayudas (MINCyT,
2011). En este sentido, los proyectos financiados o cofinanciados por otros organismos constituyen una importante
fuente de recursos presupuestarios para la actividad de I+D, principalmente provenientes de ANPCyT, CONICET y
CIC.
El peso de las fuentes externas en el financiamiento a la investigación, y fundamentalmente lo que representa
cuando se trata de Institutos de doble dependencia, puede ser una fuente de distorsión entre las políticas de la
Universidad y el desarrollo de la actividad I+D. La existencia de la doble dependencia institucional en determinadas
áreas condiciona en parte la actividad y, en especial, la política de consolidación de los Programas de I+D propios.
Al respecto debe tenerse en cuenta la magnitud de los subsidios externos que la UNS recibe y son dirigidos
directamente a los grupos de trabajo y en este marco las temáticas a abordar por los investigadores terminan siendo
las del organismo que otorga el subsidio (CONEAU, 2013). Teniendo en cuenta la importante presencia de docentes
investigadoras/es de la UNS con pertenencia en el CONICET, se hacen presentes las históricas tensiones que se
generan en el seno de las propias universidades entre aquellos grupos reconocidos por el CONICET como institutos
de dirección compartida, y el resto de la comunidad académica (Albornoz y Gordon, 2011), cuestión que fue
mencionada por el informante clave entrevistado.
Por otra parte, la estructura organizativa departamental asumida por la UNS no logra concretar la dinámica
interdisciplinaria que propone el modelo académico. El análisis de los listados de los proyectos de investigación
durante los últimos años muestra que el origen y ejecución de los proyectos se concentra principalmente al interior
de cada uno de los departamentos de la UNS y muy pocos se desarrollan en forma conjunta entre dos o más
unidades académicas (CONEAU, 2004). Como se vio en el apartado anterior, esta tendencia se mantiene hasta la
actualidad para el caso de los PGI y buscó superarse a través de las convocatorias PGI-TIR que comienzan a
implementarse en el año 2004 y que buscan fomentar proyectos interdisciplinarios, aunque este requisito no es
excluyente. Precisamente ese mismo año, entre las recomendaciones a las políticas de I+D formuladas por los
evaluadores externos de la segunda evaluación institucional se propone establecer programas por “área-problema”
donde participen grupos de investigación de distintos departamentos. Tal recomendación surge del diagnóstico de
que la articulación e implementación de asignación de recursos para proyectos de investigación inter y
transdisciplinares enfocados a áreas-problema que demanden los aportes de distintas disciplinas y reúnan de forma
simultánea departamentos que no tienen tradición en investigación conjunta es una potencialidad para la
construcción de lazos interdepartamentales sinérgicos que no ha sido explotada por la SGCyT (CONEAU, 2004).
Finalmente, y vinculado con lo anterior, los instrumentos para la evaluación de la producción científica en la UNS
para la acreditación y financiamiento de proyectos de investigación (Res, CSU 543/95) incluyen un modelo de
distribución de fondos por departamentos que dificulta el desarrollo de iniciativas interdepartamentales e
interdisciplinarias. Al respecto, se observan las limitaciones de la estructura académica departamental (Follari,
1980; 2013) así como de los sistemas de evaluación académica vigentes (Vommaro y Rovelli, 2022).
Con respecto a la dimensión relacional, se destaca la importante articulación de la UNS con distintos organismos
de promoción de la ciencia, nacionales y provinciales (CONICET, CICPBA, ANPCyT, MINCyT) así como con el resto
del sistema universitario a través del a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU), las organizaciones nacionales de facultades, tal el caso del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI) (MINCyT, 2011).
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Se considera relevante la actividad de la UNS en materia de vinculación tecnológica, servicios a terceros y extensión
que es adjudicada a la estrecha relación con su comunidad, tal como plantea el Informe de la Tercera Evaluación
Externa Institucional. En dicho informe se aclara que la vinculación tecnológica ‘fluye’ más fácilmente que la
extensión, favorecida por la fortaleza de la UNS en las ciencias duras y la tecnología, y por la vinculación de mucho
tiempo con empresas del sector privado y agencias gubernamentales ligadas a los aspectos productivos (CONEAU,
2013). El recorrido histórico realizado en el primer apartado del artículo, permite dar cuenta del perfil científico
tecnológico y de la histórica relación que la UNS mantiene con el sector privado y otros organismos del campo
científico.
En el marco de estas condiciones institucionales y relacionales, las iniciativas para la promoción de las actividades
de I+D no han estado orientadas en función de una política institucional. En el informe de la primera autoevaluación
se señala la existencia de una percepción diferencial respecto de cómo debe ser instrumentada la investigación en
la UNS. Se afirma que “pareciera que los departamentos del área de las ciencias sociales se inclinan por la fijación
de temas prioritarios, mientras que mayoritariamente los de ciencias exactas y naturales por la libertad de
investigación” (UNS, 1994: 36). En la primera evaluación externa se afirma que “no hay una política propia de
investigación de la UNS explícitamente formulada (tampoco en los Departamentos)” (UNS, 1995: 77). En la segunda
evaluación interna se plantea que
cada Consejo Departamental establece su propia política de investigación determinando las prioridades
dentro de las áreas de trabajo de su Departamento. Entre aquellos Departamentos que han explicitado
en su informe su política de investigación merecen una referencia los de Economía y de Ingeniería
Eléctrica(CONEAU, 2002: 96).
En este mismo informe se señala que la UNS se ha caracterizado desde su origen por contar con una importante
proporción de docentes dedicados a las tareas de investigación. Sin embargo, se aclara que históricamente la
investigación no se ha desarrollado uniformemente en todos los Departamentos sino que se ha concentrado
particularmente en algunos de ellos como Química e Ingeniería Química, Biología, Bioquímica y Farmacia,
Agronomía y Geología. Los datos sobre distribución de fondos de los distintos instrumentos de promoción científica
de la UNS presentados en el apartado anterior corroboran esta valoración.
En el mismo sentido, en el informe de la segunda evaluación externa (CONEAU, 2004) se señala que:
la política de investigación aplicada durante el período analizado en la autoevaluación, ha sido claramente
desde abajo hacia arriba (bottom-up) donde la decisión sobre qué tipo de proyectos de investigación la
Universidad debe ejecutar, recae principalmente en cada uno de los departamentos en forma autónoma.
No se observó ninguna estrategia por parte del Rectorado o la Secretaria General de Ciencia y Tecnología
(SGCyT) por generar políticas que orienten las líneas de investigación (del tipo “push-driven”) en donde
se estimulen programas de investigación del tipo estratégico para el país o la región, o para el desarrollo
de áreas prioritarias o de vacancia, que estimulen la formación de recursos humanos con perfiles que la
UNS adolece (p. 85).
Esta valoración persiste en el informe de la tercera evaluación externa del año cuando se plantea que
en lo relativo a la participación del Consejo Superior Universitario y la Asamblea Universitaria en el diseño
de las políticas institucionales de la función de I+D, la misma es prácticamente inexistente. Según la
opinión de los Señores consejeros entrevistados, la intención de lograr una política institucional que
oriente las actividades de esa función no se logra concretar en los hechos y se entiende conveniente
delegarla en el Rector y su equipo de trabajo (CONEAU, 2013: p. 67).
Al respecto, en el Informe de evaluación de la función de I+D se plantea la necesidad de que la UNS en su conjunto
defina prioridades institucionales generales para la actividad científica, sin descansar exclusivamente en las
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decisiones de los Departamentos. Y se señala que un esfuerzo en este sentido se observa en la metodología de
asignación de becas en el Programa de Becas de la UNS (MINCyT, 2011).
La mirada de los informes de evaluación institucional de la UNS, permiten reconocer dificultades para la definición
de políticas científicas institucionales que devienen en parte de las limitaciones impuestas por la dinámica de la
estructura organizativa, de los mecanismos de evaluación para la acreditación y el financiamiento de la actividad
científica. El reconocimiento de dichas limitaciones permite introducir el concepto de “libertad operacional” de la
universidad, entendido como la configuración de las capacidades de acción de los distintos actores y a los
“márgenes de maniobra” de los que disponen para tomar decisiones (Vasen, 2014). Ésta tiene una dimensión
interna –vinculada a la organización interna de la universidad– que se mueve entre el polo de la democracia y el de
la burocratización. La dimensión externa, –vinculada a la relación entre la universidad y su patrocinante o
financiador– oscila en la tensión entre autonomía e intervencionismo (Vasen, 2014).
Reflexiones finales
El artículo partió de reconocer a la universidad como una institución fundamental del sistema científico-tecnológico
y la ciencia y la tecnología como un problema político que involucra a todos los sectores de la sociedad (Hurtado,
2015). Se señaló la tensión constitutiva entre el principio de autonomía de las instituciones y el de
planificación/regulación por parte del Estado (Unzué y Rovelli, 2017), en el marco de las complejas relaciones entre
Estado, Universidad y Sociedad. Si bien existe un importante conjunto de argumentos a favor de la libertad de
investigación (imprevisibilidad de los resultados, la complejidad del problema de la utilidad del conocimiento y la
creatividad que puede exceder a la planificación, por ejemplo), las inconsistencias, falta de articulación o las
dificultades para dar cuenta de problemas relevantes son algunas de las dificultades de una investigación no
planificada (Unzué, 2015). Este dilema coloca en el centro del debate la cuestión de la orientación de la producción
del conocimiento y los alcances y limitaciones para la definición de políticas científicas institucionales en las
universidades.
En el caso de la UNS, el análisis de las capacidades institucionales en sus dimensiones técnico-administrativa y
relacional y de los instrumentos de promoción de la actividad científica permitió identificar algunos obstáculos para
el desarrollo de políticas científicas institucionales. Desde la perspectiva organizacional, la estructura de gestión de
la función de investigación basada en el modelo teórico departamental presenta limitaciones en su puesta en
práctica relativas a los mecanismos de evaluación para la acreditación y el financiamiento de proyectos de
investigación de carácter orientados e interdisciplinarios. En este sentido, resulta necesario problematizar los
propósitos asignados a la estructura departamental en las universidades (interdisciplinariedad, uso eficiente de
recursos, renovación y modernización académica, centralidad e integralidad de la investigación a partir de la
superación de la fragmentación del sistema de cátedras) y reconocer que “a la organización por departamentos se
le ha venido asignando propiedades que realmente no tiene, o al menos, que la adopción de dicha organización no
es condición suficiente para lograr propósitos como los mencionados” (Follari, 1980: 1). Desde una perspectiva
relacional, centrada en los actores y demandas con los que interactúa la UNS para la producción de conocimientos,
la mirada histórica que se desplegó en este escrito dio cuenta de una clara prevalencia con el sector empresarial
expresada en la estrecha vinculación con el polo petroquímico y la naturaleza de los servicios a terceros,
especialmente en determinadas áreas de conocimiento como las Ingenierías e Ingeniería Química. En la necesaria
articulación de la producción de conocimientos con las demandas de los actores sociales y económicos, las ciencias
sociales tienen mucho para aportar en especial en una institución que presenta un histórico perfil científico-
tecnológico como el caso analizado.
En su relación con el Estado y la sociedad, las universidades, más que receptoras pasivas de demandas de empresas,
constituyen instituciones clave en la identificación y promoción de áreas o sectores estratégicos para la definición
de las políticas científicas institucionales sobre la base de autodiagnósticos, análisis externos por parte de
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organismos públicos y el reconocimiento de otros actores sociales que contribuya a la definición de un sentido más
amplio de desarrollo que no esté limitado a la idea de crecimiento económico (Unzué, 2015). En este sentido, el
concepto de “libertad operacional” (Vasen, 2014), permite reconocer el complejo entramado de actores, niveles y
dimensiones que se ponen en juego en la definición de las políticas científicas institucionales en el ámbito de las
universidades.
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Fecha de recepción: 31/5/2022
Fecha de aceptación: 5/5/2023
