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Lucardi, A., Cancela Bosi, H. y Cano Menoni, A.
(2025). Derecho a la Universidad. Pospandemia y
trabajo docente. Clacso.
Por Leandro PARISI
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Que la universidad sea un actor político no resulta algo novedoso. Su dimensión política se visualiza de distintas
maneras, según los contextos históricos y las disputas sociales que la interpelan. Incluso aquellos sectores que
promueven su mercantilización deben reconocer, de manera explícita o implícita, esta dimensión constitutiva. En
definitiva, la universidad no es un espacio neutral: es una institución atravesada por conflictos, tensiones y
proyectos de sociedad en pugna.
En este sentido, la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, cuyo ideario se proyectó en gran parte de América
Latina, constituye un hito, si no el más importante, que da cuenta de esta politicidad. Lejos de cerrarse en la esfera
académica, el movimiento reformista impulsó transformaciones profundas en la relación entre universidad, estado
y sociedad. Figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú y Julio Antonio Mella en Cuba son ejemplos claros de
esa articulación entre militancia estudiantil y construcción política, que luego se proyectó en partidos como el APRA
y el Partido Comunista Cubano. La universidad, en este sentido, no solo formó y forma profesionales, sino que fue,
es y debe ser cuna de sujetos comprometidos con la transformación social.
En el contexto actual, 2025, marcado por desigualdades persistentes, crisis ambientales y reconfiguraciones
geopolíticas con el avance de las extremas derechas, la universidad, en general, y la latinoamericana, en particular,
continúa siendo una usina de pensamiento crítico capaz de ofrecer respuestas a los desafíos del siglo XXI. La lucha
por una mayor igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico con inclusión social y el
reconocimiento de la diversidad cultural requieren el compromiso activo de las instituciones universitarias y sus
comunidades. Reivindicar el rol político de la universidad y su carácter como sujeto que piensa y dialoga con las
sociedades en las que se inserta contribuye a la construcción de sociedades más justas.
Asumir esta dimensión y discutir cuestiones de actualidad es una de las grandes fortalezas del libro “Derecho a la
universidad: pospandemia y trabajo docente”, que se encuentra estructurado en dos capítulos. El primero, “El
derecho a la educación superior y al conocimiento en Argentina”, escrito por Anabella Lucardi, examina el impacto
de la pandemia en el sistema universitario y propone herramientas conceptuales y políticas para repensar el rol de
la universidad pública en el marco de políticas que garanticen efectivamente el derecho a la educación superior. El
segundo, El derecho a la universidad y el trabajo docente en el Uruguay, de Héctor Cancela Bosi y Agustín Cano
Menoni, se centra en la lucha de las organizaciones docentes frente al avance de la mercantilización educativa y la
precarización laboral, situando el caso uruguayo en el contexto regional de disputa por el sentido de lo público en
la educación superior.
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Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina / parisi.leandro@gmail.com
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En su capítulo, Anabella Lucardi delimita el alcance del derecho a la educación superior y al conocimiento,
entendiéndolo como un derecho humano, un bien público social y una responsabilidad indelegable del Estado.
Situada en el contexto de la pandemia de COVID-19, la autora analiza su impacto en la universidad argentina,
vinculándolo con dimensiones como la economía, la subjetividad, el feminismo y el trabajo. En este marco, el
derecho a la educación superior aparece como eje articulador de los debates, en diálogo con la obligación estatal
de garantizar condiciones equitativas de acceso, permanencia y egreso.
Lejos de una lectura meramente diagnóstica, el capítulo propone una mirada crítica y propositiva sobre las políticas
públicas e institucionales necesarias para garantizar ese derecho. En este sentido, Lucardi destaca las medidas
adoptadas por el estado argentino entre 2019 y 2023 para reducir brechas tecnológicas y económicas que
dificultaban la continuidad pedagógica, en un contexto signado por la crisis sanitaria y por las consecuencias
sociales y económicas del gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, la autora refiere al impacto que el confinamiento tuvo en las subjetividades, una cuestión de suma
relevancia, ya que trasciende el ámbito material vinculado al encierro. Se pregunta, entonces, por el significado de
ser universitario sin el encuentro, sin los espacios de reflexión, sin el contacto con docentes y pares, ya que el
aislamiento impidió habitar la universidad como un espacio colectivo, afectando sus dimensiones formativas y
vinculares. Para Lucardi, el derecho a la educación superior implica también la posibilidad de realizarse y de ser feliz
en la universidad.
La pandemia, además, obligó a una superposición de roles domésticos, laborales, familiares y estudiantiles, lo cual
profundizó desigualdades estructurales, especialmente de género. Todo ello generó una sobrecarga de tareas que
afectó tanto a docentes como a estudiantes, derivando muchas veces en mayores dificultades para sostener los
estudios y en un probable incremento del abandono. Ante este escenario, Lucardi advierte que la agenda
universitaria debe contemplar tanto los derechos laborales del personal docente como la situación de quienes
estudian y trabajan.
El capítulo también subraya un problema central que dejó al descubierto la pandemia: la falta de políticas
institucionales claras, la escasa capacitación, la insuficiencia de recursos tecnológicos y la limitada conectividad en
torno a la virtualización del trabajo docente. En este sentido, la autora refuerza la necesidad de establecer una
regulación específica sobre la educación mediada por tecnologías.
Junto con el análisis crítico, el texto recupera experiencias positivas desarrolladas en barrios populares del
conurbano bonaerense durante la pandemia. En ellas, la universidad trabajó junto a organizaciones comunitarias
desplegando redes de solidaridad, distribución de dispositivos y espacios presenciales alternativos para acompañar
las trayectorias educativas.
Por último, el capítulo llama a politizar la universidad como actor del debate público y destaca la importancia de
consolidar una educación superior democrática, soberana y con perspectiva de género. Defiende, además, el
carácter público, gratuito y de ingreso irrestricto como pilares indispensables para una universidad comprometida
con el bienestar y la felicidad de quienes la habitan. A su vez, frente a un escenario global atravesado por múltiples
crisis, la autora apuesta por una universidad con capacidad de pensar e intervenir en los problemas del mundo,
desde América Latina y para el mundo.
En el segundo capítulo del libro, Héctor Cancela Bosi y Agustín Cano Menoni presentan un análisis riguroso y
comprometido sobre los desafíos del derecho a la educación superior en Uruguay, con foco en la Universidad de la
República (Udelar), institución que concentra el 85 % de la matrícula universitaria del país. Desde una perspectiva
histórica y crítica, los autores examinan la coexistencia entre la expansión sostenida del acceso universitario y la
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precarización de la docencia, en el marco de políticas neoliberales que han afectado estructuralmente al sistema
de educación superior.
El texto ofrece un recorrido que inicia en la década del sesenta, evidenciando cómo el presupuesto universitario no
acompañó el crecimiento de la matrícula y cómo los salarios docentes han sufrido un deterioro persistente, con
breves periodos de recuperación durante los gobiernos progresistas del Frente Amplio. Este proceso de
pauperización se agrava al compararse con los estándares salariales de la región. Particular atención recibe la actual
estructura docente de la Udelar, donde predominan los cargos de ingreso con bajos salarios, fuerte feminización y
alta precariedad laboral.
Uno de los aportes del capítulo resulta del análisis de la relación entre horas docentes y cantidad de estudiantes,
cuestión que impacta directamente en la calidad educativa y en las condiciones laborales. En un contexto de
creciente masificación y diversificación del estudiantado, la disminución de horas disponibles por estudiante
perjudica sobre todo a quienes requieren mayores apoyos al inicio de sus trayectorias académicas.
Los autores destacan, además, el rol democratizador que cumplió y cumple la Udelar en los últimos quince años,
especialmente a través del fortalecimiento de sus sedes en el interior del país. Sin embargo, este proceso se ve
atravesado por la precarización docente, las crecientes demandas hacia la universidad, y la multiplicación de
exigencias sociales provenientes del Estado, el sector productivo, los mercados profesionales y múltiples
problemáticas sociales, ambientales, educativas y culturales. En este sentido, reflexionan que la Udelar enfrentó
presiones para cobrar matrícula o restringir el ingreso, al tiempo que se instalaron discursos eficientistas y
mercantilizadores sobre la educación superior.
En consecuencia, el capítulo propone articular dos agendas estratégicas: una centrada en la desprecarización
docente y otra orientada a la redefinición del proyecto universitario. El objetivo es defender el carácter público de
la educación superior y garantizar su acceso como un derecho, al tiempo que la universidad se compromete con los
retos de la sociedad contemporánea: la crisis ecológica, los modelos productivos destructivos, las amenazas a la
democracia, las migraciones forzadas, la desigualdad, la concentración de la riqueza, la violencia y las pandemias,
entre otros.
Asimismo. para hacer frente a las tendencias mercantilizadoras los autores tienen la convicción de que es necesario
fortalecer las organizaciones docentes, repensar la identidad docente hoy y generar redes de acción que potencien
la lucha colectiva, dentro de las cuales debe estar la articulación de los sindicatos docentes terciarios y universitarios
públicos.
Asimismo, frente al avance de las tendencias mercantilizadoras, los autores sostienen que es fundamental
fortalecer las organizaciones docentes, repensar la identidad docente y generar redes de acción que potencien la
lucha colectiva. En este marco, subrayan la necesidad de articular los sindicatos docentes terciarios y universitarios
públicos.
Como cierre, el capítulo delinea una agenda política de transformación basada en cinco ejes estratégicos: la
recuperación de una iniciativa programática, la reorganización del gremio docente, la articulación con otros actores
del sistema universitario, el fortalecimiento sindical a nivel nacional y la construcción de redes latinoamericanas.
En síntesis, el libro “Derecho a la universidad: pospandemia y trabajo docente” constituye un valioso aporte para
pensar los desafíos actuales de la educación superior desde una mirada crítica, latinoamericana y comprometida.
En este sentido, reafirmamos el valor de las universidades públicas en América latina y su rol político, en tanto
espacios de producción de conocimiento, de defensa de derechos y de transformación social en un mundo
atravesado por profundas desigualdades.
