164 |pp 164-168| Año XVII N°31| mayo 2025 – noviembre 2025|ISSN 1852-8171| Reseñas
a
Rovelli, L. y Vommaro, P. (coords.)(2025).
Evaluación académica y científica en transición.
Configuraciones institucionales, prácticas
evaluativas y lineamientos de cambio en
Argentina. CLACSO
Por Fernando Ariel LOPEZ
1
En un momento crítico para el sistema científico-universitario argentino, marcado por profundos recortes
presupuestarios y cuestionamientos a las instituciones públicas de investigación, la obra coordinada por Laura
Rovelli y Pablo Vommaro
2
emerge como una contribución indispensable para repensar las prácticas de evaluación
académica. Este libro colectivo reúne las voces de más de cuarenta investigadoras e investigadores de doce
universidades nacionales argentinas, configurando un abordaje federal, interdisciplinario y con perspectiva de
género sobre uno de los nudos más conflictivos de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y
Educación Superior (ES): cómo evaluar la producción científica, de docencia, extensión y vinculación de manera
justa, contextualizada y orientada al bien común.
Un libro necesario en tiempos de transición
El cambio al que alude en el título se refiere tanto a las transformaciones globales en los sistemas de evaluación
científica —que en la última década han cambiado desde la mera productividad cuantitativa hacia otros criterios
de calidad, impacto e inclusión social y ciencia abierta— como así también a las tensiones actuales que atraviesa
la evaluación científica en Argentina. Los coordinadores plantean desde la presentación que, si bien hasta 2023 el
país avanzó en innovaciones evaluativas (plasmadas en la Agenda CTI 2030 y planes nacionales de ciencia,
incluido PISAC 2022), estas iniciativas enfrentaron resistencias internas y, más recientemente, un contexto
político adverso que amenaza su continuidad. Concluyen subrayando la necesidad de repensar las políticas de
evaluación desde la experiencia local, la mirada federal y el compromiso con la ciencia abierta.
La obra se estructura en tres bloques: evaluación institucional, evaluación de la docencia universitaria, y
evaluación justa y responsable de la investigación. Esta organización permite a las y los lectores adentrarse
progresivamente en las múltiples capas del problema evaluativo, desde las macro-políticas de acreditación hasta
las experiencias biográficas de quienes son evaluados cotidianamente.
1
Centro de Innovación de los Trabajadores, Universidad Metropolitana para la Educación - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas Argentina / fernandoariellopez@gmail.com
2
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253239/1/Rovelli-Vommaro-Evaluacion.pdf#page=8.00
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1. Evaluación Institucional
La primera sección analiza cómo funcionan los sistemas de evaluación externa de las instituciones académicas y
de investigación en Argentina. Reúne tres estudios que combinan análisis históricos, normativos y empíricos.
En el capítulo inaugural Galetto, Castro, Andújar, Becher y Reyes examinan la evaluación institucional de la
investigación y el posgrado, utilizando documentos y 25 entrevistas. Proponen una historia en tres etapas
(orígenes, desarrollo y desafíos) y analizan la tensión en la acreditación entre universidad y Estado. La Ley de
Educación Superior (1995) creó la CONEAU en 1996, en el marco de políticas neoliberales y la reducción de la
autonomía universitaria tras las crisis políticas, introduciendo la evaluación externa y la acreditación. Se destacan
hitos como la Resolución “Criterios y procedimientos para la evaluación externa” (CONEAU 382/11), que
sistematizó los estándares de evaluación. La CONEAU aplica estándares consensuados y, desde 2005, enfatiza la
articulación con la investigación y defiende un sistema plural de pares evaluadores, incorporando estudiantes y
representantes del sector productivo desde 2022. Se debate el rol del personal técnico y la experimentación con
evaluaciones focalizadas.
Finalmente, los autores definen a la evaluación institucional como "un proceso social conflictivo" donde se
debaten concepciones opuestas sobre la calidad académica, la pertinencia territorial y la función social de la
universidad. Sugieren evaluar el contexto local y las condiciones institucionales, incluyendo criterios de
pertinencia social. Concluyen que la evaluación es un proceso complejo que requiere diálogo para reformar los
dispositivos evaluativos.
El capítulo de Sonia Araujo profundiza en la brecha entre los discursos sobre ciencia abierta y las prácticas
evaluativas concretas. Su análisis de 73 informes de evaluación externa (2012-2019) revela que, aunque la Ley
26.899 obliga al acceso abierto de publicaciones científicas desde 2013, los evaluadores rara vez consideran este
criterio al juzgar a investigadores. La ciencia abierta aparece relegada al ámbito de las bibliotecas universitarias,
sin permear los núcleos duros de la evaluación académica. Araujo propone con contundencia que las políticas de
ciencia abierta deben articularse explícitamente con los indicadores de calidad, capacitando en ética e integridad
científica y fortaleciendo los repositorios institucionales.
El estudio de caso de la Universidad Nacional del Comahue (Riccono, Suárez Nigra y Naidorf) revela la dimensión
política e histórica de la evaluación. En 2004, la universidad patagónica rechazó la evaluación externa, ocupando
su campus y declarando ilegítima la autoridad de CONEAU (Ordenanza 738/04). Este hecho expone las tensiones
entre modelos de universidad: mientras las autoridades nacionales imponen estándares, las comunidades
académicas periféricas defienden su especificidad regional. La evaluación no es solamente un asunto técnico, sino
también político y vinculado al desarrollo local. El caso Comahue sugiere diseñar procesos evaluativos que
reconozcan la diversidad local y la autonomía.
2. Docencia universitaria
La segunda sección del libro analiza los enfoques actuales sobre la evaluación de la enseñanza universitaria, sus
dificultades y propuestas de mejora. Se aborda desde perspectivas generalistas y desde el rol de los estudiantes.
Walker y Rodera ofrecen un panorama nacional exhaustivo, relevando las normativas de todas las universidades
nacionales. Su hallazgo central es revelador: hacia 2023, aproximadamente 30 universidades habían
reglamentado la evaluación docente, pero con una heterogeneidad tal que dificulta hablar de un "sistema"
coherente.
Las autoras identifican que la mayoría de estos instrumentos priorizan la carrera docente-académica por sobre el
desempeño pedagógico concreto, evaluando más la "formación de los profesores" que su actuación en el aula.
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Resulta significativo que muchas instituciones ahora exigen una calificación mínima aprobatoria en docencia para
acceder a jerarquías o ascensos, equiparando la enseñanza con la investigación. Sin embargo, persisten
problemas estructurales: escasa formación didáctica de los evaluadores, nula consideración de las condiciones
materiales de trabajo, y predominio de mecanismos burocráticos (encuestas de satisfacción) sobre instrumentos
genuinamente pedagógicos (portafolios, observación en aula, autoevaluación, entre otros). Por último, las
autoras proponen pautas de política institucional para cada etapa del proceso y abogan por usar la
reglamentación como oportunidad de debate interno que vincule la evaluación de la docencia con la misión
institucional de la universidad.
El capítulo de Abdala, Barros, Reynaga y Barrios se enfoca en la presencia (o ausencia) del estudiante como actor
en la evaluación docente. A pesar de que la Reforma Universitaria de 1918 reivindicó el protagonismo estudiantil,
las entrevistas revelan que en las universidades nacionales de Tucumán y del Sur "no existe consenso con
respecto a la inclusión de los estudiantes" y "no se reconocen prácticas que demuestren una alta valoración de la
opinión estudiantil". Los autores cuestionan que, cuando existe representación estudiantil (por ejemplo, como
observadores en concursos), esta sea meramente testimonial. Proponen despojar la evaluación docente de su
"impronta punitivista" (es decir, dejar de usarla como examen de rigor) e iniciar un debate amplio sobre su
sentido. Por último, se plantea que la efectiva incorporación de la experiencia estudiantil puede enriquecer la
evaluación, siempre que vaya acompañada de un cambio cultural que reconozca a los estudiantes como sujetos
activos en la mejora de la docencia.
Saientz, Lazarte Bader, Sal Paz y Fernández completan el panorama analizando cómo la docencia se evalúa
simultáneamente en múltiples instancias: concursos de ingreso/ascenso, informes de renovación de cargos, y
carreras científicas. Su análisis comparativo revela tres concepciones coexistentes de la evaluación docente: como
proceso técnico-aplicado (centrado en contenidos y metodologías), como proceso educativo-integrativo
(evaluando la formación docente), o como un proceso ligado al desarrollo de la carrera académica. La tensión
central radica en equilibrar la autonomía universitaria con criterios de equidad, especialmente cuando se intenta
homogeneizar bajo una misma carrera a investigadores puros y docentes exclusivos.
Los autores proponen armonizar la evaluación docente a nivel institucional, redefiniendo criterios y estándares
que permitan comparar equitativamente casos diversos y fortalecer la gestión de las carreras
académicas/docentes. Sugieren articularla con la planeación estratégica de la universidad, incorporando
indicadores de calidad específicos. Para una política de evaluación "justa y responsable", se debe explicitar su
propósito (mejora vs. control), ampliar las evidencias y capacitar a los actores (evaluadores, evaluados y
estudiantes), buscando que la evaluación contribuya genuinamente a la profesionalización docente, respetando la
diversidad disciplinar y la autonomía universitaria.
3. Investigación: hacia una evaluación justa y responsable
En esta sección se abordan temas vinculados a la evaluación de la investigación científica con énfasis en equidad,
género, ética e integridad y alineándose con los debates internacionales sobre evaluación responsable (DORA,
COARA, UNESCO).
Laura Rovelli analiza cómo los sistemas evaluativos penalizan sistemáticamente a investigadores en etapas
iniciales, reproduciendo el "efecto Mateo": quienes ya poseen recursos y reconocimiento acumulan más ventajas,
mientras los noveles enfrentan barreras de entrada. La autora propone reformas para diversificar las fases de
evaluación, basadas en ejemplos internacionales (CV narrativos, financiación temprana) y nacionales, como
flexibilizar requisitos cuantitativos para posdoctorados recientes, y prolongar plazos (mecanismos de "stop-clock"
que consideren interrupciones justificadas) para madres/padres o grupos en contextos desfavorables.
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Rovelli sugiere orientar esfuerzos hacia un esquema de evaluación más equitativo en las primeras etapas. Entre
sus propuestas destacan: evaluar con más énfasis el proyecto de investigación y la “masa crítica” potencial
(equipos jóvenes), considerar la co-dirección de posdoctorados como mérito, y diversificar los tipos de
convocatorias (por ejemplo, itinerarios con y sin tesis doctoral). También alienta a proponer ajustes al sistema de
evaluación de proyectos (PICT, CIC, etc.) para premiar la innovación y la equidad, más que la simple acumulación
de logros pasados. Finalmente, el capítulo bosqueja líneas de trabajo futuras: estudios comparados de
instrumentos, encuestas a jóvenes científicos, y la elaboración de marcos conceptuales que visibilicen la
“responsabilidad” en la evaluación de carreras iniciales, acorde con los principios globales de evaluación
responsable. En síntesis, se aboga por un cambio gradual hacia evaluaciones que reconozcan las condiciones
particulares de los investigadores noveles.
El capítulo de Porta, Foutel, Aguirre y Proasi introduce una metodología innovadora: las narrativas biográficas de
evaluadores y evaluados. A través de relatos de vida, los autores revelan la dimensión humana, moral y afectiva
de los procesos evaluativos. Los entrevistados expresan empatía ("ponerse en el lugar del otro"), dilemas éticos
(otorgar "puntos fantasmas"), y críticas a las "lógicas productivistas" dominantes. Esta perspectiva cualitativa
demuestra que la evaluación tiene siempre una "marca biográfica" que condiciona juicios aparentemente
neutrales. Los autores proponen incorporar elementos narrativos en los currículums vitae, permitiendo que los
candidatos contextualicen sus trayectorias más allá de métricas frías. Los autores sugieren que una reforma del
sistema debería dar espacio a la calidad narrativa (CV narrativos), complementando las métricas cuantitativas y
escuchar las voces de quienes conocen el proceso desde adentro.
El capítulo de Morzilli y Muñiz Terra aborda frontalmente las desigualdades de género en las carreras científicas.
Aunque las mujeres representan más del cincuenta por ciento del personal en CONICET, las autoras demuestran
que no existen políticas institucionales planificadas para acompañar la maternidad. La "pena materna" se
manifiesta en licencias insuficientes (apenas tres meses de extensión de becas), ausencia de mecanismos
formales de "stop the clock", y criterios etarios que invisibilizan a quienes inician carreras tardíamente por
responsabilidades de cuidado. En suma, las autoras plantean que las evaluaciones actuales reproducen sesgos de
género, y proponen políticas concretas para los sistemas de revisión de carrera y financiamiento: formalizar
licencias parentales adecuadas, implementar explícitamente pausas evaluativas por nacimientos, y asegurar
servicios de cuidado infantil en institutos de investigación. Estos lineamientos se enmarcan en la agenda global de
equidad de género en ciencia, adaptados a las experiencias locales recopiladas.
De la Fare y Rovelli examinan la integración de ética e integridad científica en las evaluaciones. Su diagnóstico es
preocupante: mientras en biomedicina existen Comités de Ética Institucionales consolidados, en ciencias sociales
y humanidades estas instancias son excepcionales. Las convocatorias nacionales incluyen referencias genéricas al
"buen uso de datos personales", pero la ética no opera como criterio de selección, ni de evaluación. Las autoras
proponen que las agencias requieran comprobantes de aprobación ética en fases tempranas, asignen puntajes a
proyectos comprometidos con la integridad, y desarrollen códigos de buenas prácticas que incluyan
explícitamente la dimensión ética. En síntesis, concluyen que si bien en Argentina existen avances normativos
puntuales, aún no se ha desarrollado un enfoque integrado de ética en la evaluación; recomiendan trabajar en
protocolos claros que se apliquen tanto en ciencias duras como sociales, para garantizar que la evaluación
científica sea, además de rigurosa, también ética y responsable.
El capítulo de Fiorucci sobre la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA)
aporta una perspectiva federal indispensable, mostrando cómo un organismo provincial puede complementar al
sistema nacional con políticas evaluativas territorializadas que priorizan proyectos interinstitucionales y
necesidades locales.
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Reflexión final
Este libro es clave para repensar las políticas de evaluación en Argentina y América Latina, combinando rigor
analítico con compromiso social. Su metodología mixta, con estudios históricos, datos empíricos y entrevistas, le
otorga solidez. La obra interpela a decisores políticos y comunidades universitarias, demostrando que las
evaluaciones no son neutrales y pueden reproducir desigualdades. Propone una "evaluación justa, inclusiva y
contextualizada" que considere diversidades e incorpore voces estudiantiles, ciencia abierta, políticas de género e
indicadores cualitativos. El desafío es convertir estas propuestas en políticas sostenidas. En resumen, Evaluación
académica y científica en transición es lectura obligada para quienes investigan, enseñan o estudian,
demostrando que otro sistema evaluativo es posible, uno que fomente la colaboración, reconozca biografías y
contextos, y potencie la función social del conocimiento, siendo un acto de resistencia y una guía para un futuro
universitario más democrático.
