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/ pp 56-67 / Año 10 Nº18 / JULIO 2023 – NOVIEMBRE 2023 / ISSN 2408-4573 / DOSSIER TEMÁTICO
Otros trabajos que se acercan a este enfoque, aunque sin explicitar la concepción de “puesta en acto”, son los de García
(2018, 2020) y Yapur (2020). Los primeros presentan un planteo donde se postula cómo desde la gestión institucional
de las escuelas se coproducen las políticas (García, 2018; 2020). En el caso de Yapur (2020), se propone un enfoque
de “mesonivel”, lo que implicaría una articulación de las perspectivas macro y micro social, a su vez preocupado por
captar “los sentidos, resignificaciones, reinterpretaciones de las regulaciones normativas” (p.182) que realizan los
actores escolares.
Una segunda perspectiva es la de la antropología de las políticas públicas, en donde las políticas se conciben como
artefactos ambiguos, polisémicos y conflictivos. Se trata de un enfoque que muestra coincidencias con la perspectiva
de la sociología política de Ball, en particular, en la utilización de una metodología etnográfica. Esta vinculación aparece
de modo explícito en uno de los trabajos (Alucin y Marioni, 2021). Aquí se plantean estudios sobre la implementación
de una política provincial a nivel local (Alucin, 2019; Alucin y Marioni, 2021) y sobre la “adopción” de un programa
provincial en una escuela secundaria nocturna (Lencina, 2019). Adicionalmente, los trabajos de Alucin (2019) y Alucin
y Marioni (2021) abordan las concepciones o sistemas de pensamiento que subyacen al diseño de la política y a cómo
éstas definen los problemas a atender y construyen subjetividades. Para ello, en el caso de Alucin (2019), se recurre a
elementos de los estudios sobre gubernamentalidad.
La tercera perspectiva identificada incluye artículos que adoptan como marco principal el abordaje de la
gubernamentalidad. Los estudios sobre gubernamentalidad se enfocan en qué es lo que hace posible el gobierno
moderno, atendiendo tanto a las racionalidades como a las tecnologías presentes no solo en las instituciones políticas,
sino también en una multiplicidad de agencias y grupos que contribuyen a la administración de lo social (Bacchi y
Goodwin, 2016; Rose et al., 2006; Simons et al., 2009). En el trabajo de Giovine et al. (2019) esto se refleja en el análisis
de la configuración que adoptan las relaciones entre los distintos niveles del Estado entre sí y con actores sociales en
las prácticas de gobierno a nivel local, así como de lo socioeducativo como “dispositivo” que articula las estrategias y
posicionamientos de los diversos actores. En el caso de Bocchio et al. (2020), en el estudio de “episodios” a nivel
institucional que, reconocidos como insertos en dinámicas globales, dan cuenta de lógicas gerenciales que son parte
de la racionalidad neoliberal que impregna las políticas educativas. Ambas investigaciones adoptan una mirada micro
que comparten con las dos perspectivas anteriores.
Una cuarta perspectiva teórica-metodológica, que puede ser denominada como sociología política crítica, incluye
trabajos que utilizan selectivamente elementos del reproductivismo (Bourdieu), del marxismo althusseriano o de análisis
neomarxistas del Estado. Estos trabajos proponen una mirada que subraya la construcción de procesos de dominación
o de construcción de hegemonía en las políticas educativas. Tienden a enfocar sus análisis en el plano macro, pudiendo
incluir el nivel micro como espacio de apropiación o reproducción más que como ámbito de producción de las políticas
(e.g., Sverdlick, 2019). Parte del foco de estos trabajos se coloca en los discursos o conceptualizaciones a través de las
cuales el Estado define los problemas de política, donde el discurso tiene un carácter productivo, pero en tanto “reflejo”
de las relaciones de poder existentes a nivel material (Arnott y Ozga, 2010). Dentro de este enfoque, Gluz et al. (2020)
analizan las políticas nacionales dirigidas a garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria comparando entre las
administraciones kirchnerista y cambiemita “a partir de los problemas que definen, las principales líneas de acción, sus
destinatarios, y los arreglos institucionales para afrontarlos” (p.92). Melendez y Yuni (2019), por su parte, se proponen
“comprender la forma en que las políticas de inclusión produjeron una interpelación a la ideología escolar fundada en
una concepción elitista y meritocrática” (p.3) mediante un análisis de normativas y documentos de política y partiendo
de la hipótesis de que las políticas de inclusión “interpelan” y “desestabilizan” la “gramática escolar”. Sverdlick (2019),
en tanto, hace una revisión histórica de los sentidos asociados al concepto de inclusión educativa en la agenda de
política educativa resaltando las luchas de poder en términos de disputa hegemónica para luego estudiar la apropiación
de estos sentidos en el nivel institucional en escuelas secundarias.
Finalmente, cabe mencionar otros enfoques identificados en un solo texto. Adoptando una perspectiva institucionalista
(Marsh y Stoker, 1997), Peregalli (2020) estudia los “diseños político-institucionales específicos que, mediante reglas
formales e informales, determinan el intercambio social y condicionan los resultados de una intervención” (p.3),
subrayando la participación de actores no estatales en estos diseños. Olivares (2021), en cambio, se inscribe en la
tradición del materialismo histórico para analizar el plan FinEs en la provincia de Buenos Aires, caracterizando a esta
política como una oferta “compensatoria, focalizada y degradada”. Si bien esta perspectiva es próxima a los trabajos
de la sociología política crítica, se diferencia por destacar el rol de la escolarización como función de la acumulación de
capital (Iñigo y Río, 2016). El trabajo de Sassera y Herger (2021), por su parte, puede ser visto como un estudio clásico
de implementación de una política (Fontaine, 2015) en base a fuentes primarias y secundarias, en el que se indaga