Trabajo final integrador de la carrera de Especialización en Genética, Derechos Humanos y Sociedad
Universidad Nacional de Tres de Febrero
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fue creado en 1987 por la Ley 23.511. Tiene como objeto garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.
Para Argentina, donde el Estado fue el principal responsable de la desaparición forzada de personas y la apropiación de niños, la creación del BNDG representó el inicio del compromiso del mismo en reparar el daño producido.
Una de sus tareas es resguardar la información genética de los grupos familiares que buscan a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, tanto como el de posibles víctimas de apropiación, para ser oportunamente comparados.
Mientras las víctimas de supresión de identidad eran menores, la incorporación de su información genética para ser comparada en el BNDG era potestad de la Justicia. Finalizando los años 90, la mayoría de los jóvenes que recuperaron su identidad se presentaron voluntariamente para la toma de muestra, sin embargo, la negativa de algunos a someterse a los análisis genéticos planteó un nuevo desafío a la búsqueda. En estos casos, que fueron judicializados, se generó un gran dilema ético: confrontan el derecho de una persona a negarse a dar una muestra biológica -derecho a la autonomía y a la intimidad- y, el derecho a la identidad personal y el de las familias a conocer el paradero de los niños buscados. Pero, además, la identificación de cada niño secuestrado durante la dictadura implica el esclarecimiento de un delito de lesa humanidad y un acto de reparación por parte del Estado.
La sanción de la Ley 26.549, que regula la toma compulsiva de muestras biológicas que permitan la identificación de personas en las causas en las que se investigan violaciones a los Derechos Humanos, resolvió en parte el conflicto. No obstante, los dilemas éticos persisten más allá de las normas legales que el Estado cree como respuesta a los mismos. En ese sentido, frente a la existencia de un dilema se toma la decisión de privilegiar un valor de forma fundamentada. Sin embargo, se adopte la medida que se adopte, algún derecho será vulnerado -en este caso la autonomía de la persona víctima de apropiación-, siendo uno de los mayores riesgos el de la revictimización de aquella posible víctima de supresión de identidad.
Tratando de minimizar el impacto psicológico sobre la posible víctima, el BNDG ha trabajado en la elaboración de procedimientos para la toma de muestra ya sea en las instalaciones del BNDG, en sedes de la CoNaDI, durante las audiencias judiciales, en los allanamientos y en las requisas personales.