Resumen
La expansión de la frontera extractiva y la profundización de la explotación primaria que experimentó la región latinoamericana a partir del superciclo de commodities (2003-2013/14), condujo a la exacerbación de la conflictividad socioambiental. La expansión de estas actividades a zonas otrora consideradas improductivas o protegidas por legislación especial como la referente a territorio indígena, intensificó las protestas de las comunidades afectadas directa o indirectamente por la destrucción de su entorno, la contaminación de suelos y cursos hídricos o la eliminación de sus prácticas económicas preexistentes.
Ante la necesidad de consolidarse como plazas de inversión atractivas para el capital internacional y frente a la creciente oposición, los Estados nacionales y subnacionales de los países productores de materias primas implementaron mecanismos de control del orden interno que garantizaran las condiciones de estabilidad requeridas para la instalación y el desarrollo de proyectos extractivos.
Los procesos de criminalización que se desplegaron para deslegitimar las demandas de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas que se movilizaron en defensa de sus territorios implicaron la utilización política-judicial-mediática de la figura del “ecoterrorismo”, la securitización y militarización de territorios, la modificación de los regímenes jurídicos y el establecimiento de estados de emergencia en zonas geoestratégicas. La construcción de estos colectivos como una amenaza terrorista cimentó las bases para justificar el despliegue de una respuesta estatal violenta.
Este artículo analiza los mecanismos de criminalización de la conflictividad socioambiental en Chile y Perú entre 2003 y 2023, tomando los casos subnacionales de la Macrozona sur en el caso chileno y la sierra y selva amazónica para el caso peruano en los que se observa el uso del “ecoterrorismo” en el manejo de la conflictividad socioambiental. Desde un enfoque sociohistórico, postulamos que la reconfiguración del enemigo “subversivo” propio de los contextos dictatoriales (Chile) y de neoliberalización autoritaria (Perú) en “ecoterrorista”, constituye una estrategia de las élites estatales y empresariales para sostener el modelo de acumulación neoextractivista.
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