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Núm. 6 (2020)

Este número de Ciudadanías comenzó a pensarse en abril de 2019. En el momento en que se escribe este editorial el mundo enfrenta una pandemia cuyos efectos son devastadores. Desde hace casi cinco meses los líderes políticos de todas las naciones deliberan sobre cuáles son las formas para enfrentar el virus del Covid 19 y ensayan, con mayor o menor eficacia, medidas para proteger a sus poblaciones. El virus llegó a los países de América Latina un poco más tarde que en los países de mayor renta y nos enfrentó con el peor espejo: nuestras sociedades profundamente desiguales y nuestros sistemas de protección insuficientes y hasta precarios. No sólo nos preocupan los efectos sobre la salud sino cómo vamos a hacer frente a la necesidad de recursos que siempre son escasos y cuya matriz de redistribución se presenta históricamente regresiva. ¿Cómo imaginar la mejor forma de atender la situación actual frente a la pandemia y, más aún, cómo pensar el día después en nuestras sociedades con tasas de pobreza de 30% y de pobreza extrema de 11% de la población? Por si los porcentajes no son elocuentes, pensemos que se trata de 185 millones de personas en el primer caso y de cerca de 70 millones en el segundo (CEPAL, Panorama Social 2019:97).

En abril de 2019 dedicar un número de Ciudadanías a la vinculación entre el mundo del trabajo y las políticas sociales era fundamental y esperado. Ese vínculo constituye uno de los pilares del campo de estudio y de intervención, tanto en términos teóricos como en términos fácticos, cuando analizamos las estructuras de protección realmente existentes de nuestros países. En aquel momento no podíamos dejar de reconocer las fracturas que presentaba el mundo del trabajo para interrogarnos sobre los desafíos que esas condiciones planteaban a los sistemas de protección y sobre sus efectos en las condiciones de vida de las personas. Cabía también potenciar la imaginación para generar intervenciones que respondieran a esos desafíos. Un año después la pandemia provocada por el Covid 19 y las medidas que día a día se van tomando para hacerle frente nos exponen con crudeza esas fracturas y la precariedad de nuestros esquemas de protección que, ya lo sabíamos, no alcanzaban a todas las personas. Aquella preocupación analítica de un año antes cobra hoy la actualidad de la emergencia. Algunos datos ilustran aquel escenario pre pandemia: una tasa de informalidad de 53% en la región -cerca de 140 millones de trabajadores y trabajadoras- daba cuenta de condiciones de trabajo inseguras, oportunidades de formación casi inexistentes, ingresos irregulares y más bajos y de jornadas laborales más extensas (OIT, 2018). En 2017, tomando el conjunto de los países de América Latina, sólo el 24%de las personas económicamente activas de estratos bajos eran afiliadas o contribuyentes a algún sistema de pensiones, valor que alcanzaba al 55% en los estratos medios y al 76% entre personas económicamente activas de estratos de ingreso alto (Cepal, 2019: 78). No sólo la protección no alcanzaba a todas las personas que participaban del mercado laboral sino que, en esas condiciones, la única garantía era que frente a los riesgos del retiro, la enfermedad o la desocupación, se reproducirían o se ampliarían las desigualdades de la vida activa.

Los artículos que se publican en el dosier Fracturas en el mercado de trabajo y políticas sociales. Los alcances y los límites de la protección interrogados nos invitan a revisar esos reconocimientos. Con la colaboración de Diego Masello, coordinador general del CIEA-UNTREF y especialista en la dinámica del mercado de trabajo en la Argentina, recibimos cinco estudios que, elaborados desde la situación argentina, proponen claves para entender y herramientas para discutir los desafíos de las estructuras de protección social apoyadas en la centralidad dada al trabajo y al empleo como vías de acceso.

En primer lugar, Ana Logiudice nos invita a analizar las tensiones y articulaciones entre los programas asistenciales de empleo y las políticas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina durante la última década (2009-2019). Luego, a partir del estudio de las tendencias en el sistema de seguridad social, María Ignacia Costa y Alejandra Beccaria dan cuenta de los límites de la lógica contributiva en el sistema de protección social de la Argentina. El tercer artículo, de María Victoria Deux Marzi y Florencia Pisaroni, sigue revisando los límites y los alcances de la seguridad social, esta vez interrogando en torno a la construcción de nuevos entramados de protecciones para la Economía Popular y Solidaria. Rebeca Cena y Andreina Colombo indagan sobre las percepciones en torno a los trabajos de mujeres cuentapropistas de la ciudad de Rafaela (Santa Fe) en el siglo XXI. Y Silvana Melisa Herranz nos presenta las condiciones paradojales de “inclusión por medio del trabajo” en el proceso de salida de la cárcel y los hospitales psiquiátricos, dos dispositivos de encierro.

Por fuera del dosier pero aún inscripto en la vinculación entre trabajo-políticas sociales y protección, en su artículo de la sección de Avances María Madoery comparte reflexiones analiticas en torno al sujeto, la organización y el uso del espacio público en las ferias populares de Rosario.

Finalmente, en la sección de Artículos libres Miguel Adolfo Ortiz Brizuela analiza los procesos de pauperización actual de los barrios tradicionales de la ciudad de San Luis Potosí, México, reconociendo cambios territoriales y una desigualdad persistente. Si bien no sigue el interrogante del dosier, el texto deja abierta una línea de trabajo desde la cual deberán revisarse también los efectos de la pandemia. En nuestras ciudades latinoamericanas, la precarización laboral y la desprotección de los sistemas de políticas sociales adquieren dimensiones y características particulares, agravadas, en los barrios populares, en aquellos que han nacido como enclaves de pobreza así como en los otros que han conocido procesos de pauperización.

Si lo que presentan los trabajos publicados en Ciudadanías 6 da cuenta de la vinculación trabajo/políticas sociales y protección antes del Covid, con pesar podemos afirmar que en el escenario futuro estos problemas serán más graves. De todos modos, las lecturas que proponemos mostrarán una diversidad de dimensiones y situaciones desde las cuales se pueden reconocer las fracturas del mundo del trabajo y los límites de las políticas sociales y de los esquemas de protección pero también sus recorridos y sus promesas y ojalá, esperamos, nos permitan pensar algunas claves de solución o, al menos, de mejoras.

En fin, agradecemos al profesor Diego Masello por su colaboración en el armado de este número. Hoy, a un año de su definición, autores/as, lectores/as y equipo editorial, sabemos que algunas preguntas y muchas herramientas de intervención social nos quedaron viejas. Las condiciones de vida actuales y la incertidumbre del futuro inmediato y de la “nueva normalidad” post pandemia cuando eso sea posible nos urgen a discutir paradigmas, a inventar nuevas herramientas y a fortalecer las convicciones.

Equipo editorial

Núm. 5 (2019)

El envejecimiento de las sociedades es un fenómeno expandido y del que tomamos conciencia cada vez más. Su alcance puede pensarse como un factor de peso en el orden societal en distintas escalas. En tanto implica que las personas mayores tienen una mayor presencia y durante más años, esa situación que celebramos como expresión de mejoras en la calidad de vida general en nuestras sociedades entraña además nuevos desafíos para las propias personas y sus familias y para las políticas públicas. Podríamos decir, como espejo de lo que se plantea en uno de los artículos que se incluyen en el dosier de Ciudadanías N° 5, que no solo las sociedades llegan a viejas, sino, cada vez más, también las personas.

En las últimas décadas se ha avanzado en el reconocimiento de esta cuestión que enfrentan sobre todo las sociedades de desarrollo alto y medio. Del hito fundante que representó en 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en Viena, convocada por las Naciones Unidas, a la vigencia de un nuevo paradigma de derechos humanos de la vejez se ha trazado un valioso recorrido. Claro que ese recorrido ha sido diverso según los países. En nuestra región, en esa heterogeneidad, la Argentina, país pionero en reconocer los derechos de los ancianos desde mediados del siglo XX, suscribió en 2017 la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada durante la 45° Asamblea General de la OEA de 2015. Y hasta el momento también ratificaron el acuerdo Costa Rica, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Ecuador.

Ahora bien, ¿en qué medida estos desarrollos institucionales impactan en el tratamiento efectivo de los derechos de las personas mayores?, ¿en qué medida se traducen en políticas sociales que contribuyen al bienestar de las personas mayores? En este número de Ciudadanías, el dosier, coordinado por Adriana Fassio y Christian Arias, reúne diversos aportes en torno a estas preguntas.

Por un lado, dos artículos revisan los desafíos para la inclusión de las personas mayores en los países latinoamericanos y en el caso particular de Chile. Mientras que Mariana Paredes lo hace desde el prisma de las políticas urbanas para la región, Tania Biere pone el foco en las instancias de participación de las propias personas mayores.

Otros dos artículos analizan las políticas sociales dirigidas a esa población en dos ciudades de la Argentina. Estefanía Cirino y Liliana Findling se preguntan sobre los programas aplicados en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva integral de cuidados. Sofía Marzioni reconstruye el itinerario de las políticas de vejez en la ciudad de Santa Fe. Estos abordajes proponen una mirada subnacional, dando cuenta de la particular combinación, articulación y tensión entre políticas de diferente escala jurisdiccional. Pero también llaman la atención sobre la centralidad que toman, en relación con esta problemática, las acciones de nivel local.

Más allá del dosier, el tema de las personas mayores y sus derechos atraviesa otras secciones de la revista, en vinculación con el cuidado, uno de los pilares del bienestar. En “Prácticas y saberes”, Marcela Inés Freytes Frey, Marina Veleda, Gustavo Sosa, Alberta Bottini y Mariela Nabergoi dan cuenta del desarrollo de las cooperativas de cuidados en la Argentina. Por su parte, en “Avances de Investigación”, Bárbara García comparte su estudio sobre la regulación del cuidado de las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires.

En “Reseñas”, Diana Pérez presenta el libro El trabajo de cuidado, de Natacha Borgeaud-Garciandía (2018), recuperando las voces de quienes cuidan.

La sección de “Artículos libres”incluye un análisis de Víctor Antonio Peláez sobre la política de vivienda social en Cuenca, Ecuador.

Poco a poco, Ciudadanías va empujando las fronteras en la circulación del conocimiento sobre las políticas sociales en América Latina. Seguimos trabajando con ese objetivo.

Vilma Paura
Editora

Núm. 4 (2019)

Entre las reformas operadas en las sociedades latinoamericanas en el marco de la hegemonía neoliberal en las últimas décadas del siglo XX, nuevas instituciones y configuraciones de políticas sociales modificaron los horizontes, la magnitud y la capacidad de los sistemas de protección en nuestros países. Los procesos de contrarreforma, para usar de manera ampliada la expresión de Danani y Hintze (2011) que se llevaron a cabo en el nuevo milenio permitieron desandar algunos de esos caminos, con mayor profundidad o más tibiamente según los casos. Algunas instituciones fueron rearmadas, ciertos procesos se reorientaron; no obstante, algunas transformaciones sociales producidas entre ambos movimientos invitan a considerar que estamos en presencia de un orden distinto y que deben actualizarse las categorías analíticas para comprenderlo.

Estos procesos seguramente han sido diferentes según los casos, pero asumimos que, más allá de esas distinciones, las transformaciones en los mercados de trabajo y en las condiciones laborales, las políticas de descentralización/desnacionalización y el protagonismo de los programas asistenciales focalizados en poblaciones en situación de vulnerabilidad social y pobreza que marcaron el fin de siglo, entre otros factores, alteraron las relaciones entre jurisdicciones y agencias estatales y actores sociales y se expresaron en nuevos entramados de demanda y provisión de bienes y servicios y de interacción ciudadana. En la comunidad argentina, la noción de territorio fue una lente fecunda para indagar en esas tramas.

Interesados en entender esos procesos, sus efectos y reacomodamientos como una clave de inteligibilidad de las gramáticas actuales, invitamos a Carla Zibecchi (Ceipsu-Untref) a coordinar el dosier “Políticas Sociales y Territorios. Fronteras e intersticios entre actores, políticas e instituciones, para Ciudadanías 4.

Agradecemos especialmente la participación de dos destacadas investigadoras, Magdalena Chiara y Adriana Rofman, ambas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya amplia y valiosa trayectoria en los estudios sobre el tópico establece una sólida base para presentar el resto de los trabajos que arman un buen mapa para reconocer el territorio.

Los artículos reunidos en la sección refieren a la Argentina. Esperamos que en futuros números la convocatoria alcance producciones más allá de las fronteras nacionales.

En la sección “Artículos libres” reunimos cuatro trabajos que proponen recorridos varios, ahora sí provenientes de distintos países de nuestra región: la problematización de los procesos de erradicación de pobladores y de recomposición identitaria en el sur de Chile que realiza Cristóbal Palma; el estudio de la diferenciación social y de la segregación educativa en el área metropolitana de Asunción, llevado adelante por Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache; en tercer lugar, el análisis de la relación entre los programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009) que realiza Vanesa Ciolli y la lectura que proponen Florencia Brizuela y Melisa Campana sobre el caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario como una clave para pensar la integración social urbana subordinada y la relegación.

En la sección “Prácticas y Saberes”, Francisco Di Meglio comparte una experiencia de gestión con sus reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado en cogestión entre instituciones del sistema de seguridad social argentino y un centro de jubilados y pensionados.

Agradecemos a los autores y a los evaluadores de cada trabajo por su enorme colaboración en esta tarea. Confiamos en que los tópicos y las perspectivas presentados contribuyan a ampliar la discusión y el campo de conocimiento.

Vilma Paura
Editora

Ciudadanías adhiere a la utilización de un lenguaje que no discrimine a varones y a mujeres. Sin embargo, con el propósito de evitar reiteraciones que dificulten la lectura, se emplea el masculino genérico clásico, asumiendo que así remite a todos/as los/a personas.

Núm. 3 (2018)

Este tercer número de Ciudadanías, con un dosier que reúne diversos trabajos sobre temas de desigualdad, se propone destacar la importancia de esta problemática para las políticas sociales con enfoque de derechos. Por otra parte, quiere señalar el compromiso del equipo de trabajo de la Revista, del Centro de Investigaciones, de la Especialización y de la Maestría en Políticas Sociales Urbanas, de enfrentar los desafíos que imponen las tendencias a la desigualdad y el empobrecimiento que registra la actual coyuntura internacional y la que se viene desarrollando en el país, y contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria, inclusiva y solidaria.

Analizadas en perspectiva se trata de tendencias impuestas por el modelo de globalización neoliberal que se puso en marcha durante las últimas décadas del siglo anterior, cuyos efectos socialmente disruptivos lograron ampliar y profundizar las brechas que separan a los diferentes sectores y grupos que integran y dividen las sociedades de casi todos los países.

En América Latina, que ostenta el poco honroso reconocimiento de ser la región más desigual del planeta, las políticas impuestas por la globalización lograron desarticular las bases del orden social construido a partir del modelo de sociedad industrial que, con sus más y sus menos, tendió a prevalecer en la mayor parte de países de la región a mediados del siglo pasado. Esas políticas profundizaron aún más las desigualdades existentes, imponiendo tendencias estructurales a la polarización y la fragmentación de la sociedad y la economía, provocando la emergencia de un abanico de diferenciaciones y desigualdades que profundizaron aún más las heterogeneidades estructurales, propias de la región.

Al igual que en los otros países de la región, en la Argentina esas mismas políticas alteraron gravemente las condiciones de reproducción social de la mayoría de la población, al neutralizar las tendencias igualitarias y compensadoras de los desequilibrios sociales que acompañaron el desarrollo del modelo industrialista que prevaleció a mediados del siglo pasado y a inicios del presente. Si bien la experiencia más reciente para reinstalar el modelo industrialista logró algunos avances importantes para compensar los desequilibrios sociales y mejorar levemente los niveles de desigualdades en la distribución del ingreso, sin embargo las políticas aplicadas fueron incapaces para alterar y revertir las tendencias estructurales que las propician en forma sistemática.

Esas tendencias combinan un abanico de factores económicos, culturales, políticos, demográficos, históricos y otros que operan en forma independiente o complementaria generando los complejos niveles de desigualdad y diferenciación que caracteriza la compleja y heterogénea sociedad argentina actual en la que coexisten en conflicto, complementación, competencia y subordinación, distintos grupos y sectores sociales separados entre sí por sus diferentes condiciones y niveles de vida y bienestar.

Esta situación interpela a las ciencias sociales a avanzar en el conocimiento de esas condiciones y de los factores que los generan, como condición necesaria para orientar el diseño de políticas e intervenciones que neutralicen y reviertan las tendencias a la polarización y fragmentación de la sociedad que se desarrollan actualmente.

Es la difícil y estimulante tarea que los investigadores del CEIPSU y de otros centros universitarios se han propuesto realizar para contribuir con su esfuerzo a construir la sociedad justa e igualitaria que todos anhelamos.

Como director, agradezco especialmente la valiosa colaboración de François Dubet, Agustín Salvia y Daniela Soldano, miembros de nuestro Comité Editorial Internacional y Nacional, respectivamente, cuyos artículos forman parte del dosier. Sus trabajos enmarcan los debates y análisis que completan la sección.

También agradezco en particular a Adriana Clemente, miembro de nuestro Comité Editorial Nacional, quien ha colaborado en este número con un artículo que dialoga, desde otro análisis, con la preocupación por la desigualdad. Su trabajo, incluido en la sección de Artículos libres, abre otra línea de revisiones y reflexiones que nos convocan.

En el apartado de Prácticas y saberes se incluye una entrevista a David Gordon, reconocido especialista en temas de medición de la pobreza infantil, realizada en ocasión de un seminario que organizó la UNTREF en la Ciudad de Buenos Aires en 2017, junto con Unicef y Equidad para la Infancia.

Por último, completa el número la reseña de Iván Federico Basewicz Rojana sobre el libro de Juan Gabriel Tokatlian que actualiza los paradigmas que conviven en nuestros países en relación con las sustancias ilegales y las políticas para intervenir en ellas.

Jorge Carpio
Director de Ciudadanías
Director del CEIPSU-UNTREF y de la Especialización
y Maestría en Políticas Sociales Urbanas-UNTREF

Núm. 2 (2018)

Nuestra región vive procesos de cambios políticos y sociales que actualizan las preguntas sobre los caminos que tomarán las actuales coaliciones de gobierno. La agenda de género y las demandas por la efectivización de derechos diversos –en muchos casos ya establecidos en nuestras legislaciones pero con cumplimientos lentos y deudas persistentes– están activas. Las mediciones indican que las distancias económicas entre sectores de mayores y menores ingresos se acortaron desde el inicio del nuevo milenio, pero la brecha sigue siendo enorme y vergonzosa y los signos más recientes no son alentadores. La pobreza afecta a millones y millones de personas y la disminución de los últimos años parece haberse detenido. Estas condiciones adquieren rasgos particulares en nuestras metrópolis, en las que se reviven las disputas por el suelo urbano y las viviendas siempre son escasas y de mala calidad para los más pobres, muchos de ellos migrantes.

Frente a estas descripciones que podríamos ampliar y profundizar, Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas representa un compromiso de trabajo que busca incluir a académicos, investigadores y expertos, a funcionarios y a decisores políticos de diversa escala. La tarea incluye desde movilizar debates y revisar lecturas, definiciones y categorizaciones sobre nuestros problemas, nuestras preguntas y nuestras políticas e intervenciones hasta compartir experiencias de gestión que puedan ser un aporte para los procesos cotidianos e interpelen nuestros espacios de formación académica y profesional.

La publicación de la revista es, entonces, también, una oportunidad para compartir ideas y para participar de las diversas redes que contribuyen en la movilización de las agendas de políticas sociales y bienestar en nuestros países y en nuestras ciudades. Con estas premisas y estas preocupaciones presentamos nuestro segundo número.

El dosier, destinado a las transferencias monetarias condicionadas y no contributivas en la Argentina, reacciona frente a algunos de los puntos señalados. En el marco de los procesos de empobrecimiento y desigualación que vivieron y viven nuestras sociedades latinoamericanas, durante los últimos veinte años adquirieron un lugar destacado los programas de transferencias de ingreso, concitando análisis que destacan sus aportes y sus limitaciones, sus resultados y sus promesas.

La “new wave” de las transferencias monetarias, como se la ha definido, se expandió desde los antecedentes locales del Bolsa Familia en Brasil y aquella primigenia experiencia del Progresa devenido Oportunidades en México entre fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio, hasta alcanzar en nuestros días el número de treinta programas que ofrecen cobertura a 152 millones de personas. Al mismo tiempo que diversos estudios y evaluaciones valoran los resultados redistributivos de estas acciones, se sostiene una pregunta sobre su alcance en términos de protección social y la posibilidad de tender puentes hacia esquemas de mayor igualdad, de vocación universalista. De igual modo, el cumplimiento de las condicionalidades, la titularidad de las mujeres, las condiciones de egreso, entre otros aspectos, han abierto intensos y fundados debates. Algunas de estas cuestiones se presentan en los trabajos reunidos en el dosier de Ciudadanías 2, que ponen el foco en las experiencias actuales de transferencias monetarias no contributivas en la Argentina. Dos tipos de dispositivos convocan la atención: entre las transferencias familiares condicionadas, la Asignación Universal por Hijo; por otro lado, las transferencias de ingreso por trabajo cooperativo en el marco de formas de economía social y popular. Los artículos reunidos retoman algunas de las tensiones señaladas en torno a esta modalidad de intervención que ponen el eje en las entregas monetarias y, además, abren interrogantes y plantean hipótesis sobre la continuidad y las transformaciones que podrían operarse ante un cambio de gobierno y de proyecto político en los tiempos recientes.

Dos destacadas especialistas, miembros del Comité Editorial de Ciudadanías, han compartido sus trabajos para la sección “Artículos Libres”. En el marco de un estudio comparado sobre metrópolis latinoamericanas, Marie France Prévôt Schapira –cuyos trabajos sobre el Conurbano Bonaerense y los procesos de fragmentación de nuestras ciudades han marcado desde hace años una línea de investigación en nuestro medio– analiza el modelo y las posibilidades de gouvernance local en la Ciudad de Buenos Aires, considerando la disputa por el suelo urbano y las políticas de vivienda y sus efectos sobre los procesos de segregación que condicionan la vida de los sectores populares. Dolors Comas-d´Argemir comparte desde la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España) un análisis sobre las políticas públicas, la infancia y el reconocimiento de la diversidad de las familias. Su lectura ilumina la importante distancia entre lo que se legisla y lo que se aplica realmente en el caso español. Su planteo sobre la necesidad de considerar tanto la diversidad familiar como la heterogeneidad étnica de la población y los efectos de las crisis económicas para captar las posibles diferencias en el bienestar de la infancia que vive en distintos tipos de hogar nos invita a revisar estas cuestiones en nuestras sociedades latinoamericanas.

En la sección “Prácticas y saberes” contamos con el ejercicio reflexivo de Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz, quienes comparten una revisión del diseño conceptual y del proceso de implementación del sistema de registro Legajo Único Electrónico (LUE) desarrollado por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es responsable administrativo de las políticas de infancia y garante del ejercicio de derechos de la población menor de edad. Las autoras, funcionarias que participaron de la experiencia, dan cuenta de ese largo proceso que implicó problematizar antiguas categorías para construir otras que dieran cuenta de la demanda de los niños y adolescentes como sujetos de derechos así como tomar decisiones técnicas con los recursos disponibles.

En “Reseñas”, Fernando Ostuni comparte su lectura más reciente de Merecer la Ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, de Oscar Oszlak, reeditado en 2017 por Eduntref. Su mirada especializada recupera los significativos aportes de la obra, ya canónica, y reactualiza el valor del estudio.

Los caminos quedan abiertos para nuevas preguntas y futuras contribuciones que, como las que aquí compartimos, tracen cuidados mapas conceptuales y experiencias empíricas que nos ayuden a entender las dinámicas, las formas y las lógicas de las políticas sociales en América Latina y a imaginar intervenciones con potencial transformador que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades.

Vilma Paura
Editora

Núm. 1 (2017)

En este primer número de Ciudadanías. Revista en Políticas Sociales Urbanas, el Dosier 1, Ciudades y políticas urbanas, incluye trabajos que analizan temas y problemas cruciales que atañen a las ciudades en la actualidad y que son objeto de políticas urbanas y habitacionales. Dos han sido presentados en seminarios internacionales organizados por la Especialización y Maestría de Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero durante los años 2010 y 2012, en el inicio del posgrado. El tercer trabajo ha sido previamente publicado en un libro y recuperado para esta edición. Los tres artículos fueron seleccionados con la idea de proveer un compendio de lecturas sobre aspectos teóricos y prácticos que son abordados en estas carreras. En su conjunto se dirigen a responder cuestiones vinculadas a la interacción entre el territorio, la sociedad y el Estado.

Inicia el volumen un trabajo de mi autoría sobre los grandes proyectos urbanos, que transforman espacios relegados de la ciudad en nuevas centralidades de alta gama. Este trabajo se interroga si estos proyectos implican una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio público, o bien si el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente. Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil indicativos de tres estrategias de gestión y tres tipos diferentes de resultados por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio público; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra, que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

El artículo de Hilda Herzer analiza el proceso de gentrificación que comenzó a evidenciarse en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 en adelante. Examina el fenómeno en distintos barrios y estudia específicamente la zona sur de la ciudad. Como afirma esta colega ya fallecida, cuyas investigaciones nutrieron el conocimiento sobre el sur porteño, la gentrificación es la expresión espacial de un cambio social profundo que apareja el desplazamiento de grupos sociales de bajos ingresos, acompañado de inversiones y mejoras en las viviendas, una mayor apreciación de las áreas renovadas e incluso una recuperación del valor simbólico de los centros urbanos.

Cristina Cravino examina el Plan Federal de Viviendas, iniciado en el año 2004 con la gestión del presidente Néstor Kirchner, y sus distintas líneas programáticas: la construcción de vivienda “llave en mano” en agrupamientos barriales nuevos; la intervención integral en asentamientos informales (villas y asentamientos); los mejoramientos habitacionales en el parque de viviendas construido y, complementariamente, la provisión de infraestructura y la provisión de viviendas por cooperativas. El trabajo reflexiona sobre los enfoques del hábitat que suponen las intervenciones estatales y los resultados en términos de calidad urbana en el AMBA. La principal conclusión del análisis es que la forma dominante de producción del Plan Federal no fue cambiada con relación a las políticas previas. Esto significa que el producto del Plan es mayoritariamente la vivienda “llave en mano”, producida por medio de empresas constructoras medianas o grandes, que son las ganadoras del conjunto de subprogramas. Los cambios con respecto a las prácticas anteriores tienen que ver con el mayor protagonismo que se ha dado a los municipios en el diseño y ejecución de los proyectos; el abanico de programas con diversas líneas (aunque con menor peso que el de la vivienda completa), y la incorporación parcial de otros actores como las ONG u otras organizaciones sociales. Esto ha permitido que algunos subprogramas, como el dirigido a villas y asentamientos precarios, hayan tenido un impacto muy positivo para la población residente en estos hábitats.

Beatriz Cuenya