Abstract
El artículo se propone desarrollar las alternativas judiciales llevadas adelante en la provincia de Tucumán para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y marzo de 1976. Para ello, se parte de las demandas de los familiares de desaparecidos de Tucumán.
El análisis del juicio “Operativo Independencia”, pone en evidencia algunas coordenadas particulares del proceso represivo en Tucumán, tal como la ruralidad de un porcentaje importante de las víctimas y el impacto de ese dato en el desarrollo del proceso judicial.
A partir de repensar la intersección entre justicia, política y memoria, el artículo se propone también abordar el tratamiento dado por la justicia a la militancia política de las víctimas y las responsabilidades políticas de los gobernantes de esa época, por los crímenes ocurridos antes del golpe de Estado
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